Editorial
Enfoque de derechos humanos para la pesca
La “economía verde” que Río+20 quiere propiciar no puede pasar por alto el enfoque de derechos humanos para la pesca sostenible
Veinte años después de la Cumbre de la Tierra de 1992, en junio de 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vuelve a reunir en Río de Janeiro a gobiernos, instituciones internacionales y otros interesados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20. Esta vez el objetivo consiste en conseguir un compromiso político a favor del desarrollo sostenible, evaluar el progreso realizado desde la Cumbre de la Tierra, y proyectar los próximos veinte años.
Río+20 abordará cómo establecer una “economía verde” que consiga el desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible (ver p. 4). Ya hay 147 Estados miembros inscritos para intervenir en Río+20, de los cuales 108 estarán representados por sus jefes de Estado o de gobierno, esperándose así una participación mayor que en la Cumbre de Johannesburgo de 2002.
En lo tocante al desarrollo sostenible de la pesca marina, conviene destacar cuatro importantes acontecimientos posteriores a la Cumbre de la...
Editorial
Enfoque de derechos humanos para la pesca
La “economía verde” que Río+20 quiere propiciar no puede pasar por alto el enfoque de derechos humanos para la pesca sostenible
Veinte años después de la Cumbre de la Tierra de 1992, en junio de 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vuelve a reunir en Río de Janeiro a gobiernos, instituciones internacionales y otros interesados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20. Esta vez el objetivo consiste en conseguir un compromiso político a favor del desarrollo sostenible, evaluar el progreso realizado desde la Cumbre de la Tierra, y proyectar los próximos veinte años.
Río+20 abordará cómo establecer una “economía verde” que consiga el desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible (ver p. 4). Ya hay 147 Estados miembros inscritos para intervenir en Río+20, de los cuales 108 estarán representados por sus jefes de Estado o de gobierno, esperándose así una participación mayor que en la Cumbre de Johannesburgo de 2002.
En lo tocante al desarrollo sostenible de la pesca marina, conviene destacar cuatro importantes acontecimientos posteriores a la Cumbre de la Tierra: el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces (UNFSA), el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Mandato de Yakarta sobre Biodiversidad Marina y Costera, enmarcada en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en el sector pesquero de 2007.
Existen varios mecanismos internacionales que convergen en los tres primeros, con ramificaciones a escala mundial, nacional y local. Si se ha prestado mucha atención a los pilares económico y medioambiental de la pesca sostenible, el pilar social ha quedado relegado. Esperamos que Río+20 corrija este desequilibrio. A fin de reforzar el pilar social del desarrollo sostenible, especialmente en el sector pesquero, se impone el enfoque de derechos humanos.
Un enfoque de derechos humanos debe destacar suficientemente la dimensión social de la pesca sostenible. Promoverá la contribución de los recursos biológicos marinos a la eliminación de la malnutrición. Reconocerá la importancia de la pesca sostenible artesanal y de pequeña escala y protegerá el derecho de los pescadores y pescadoras artesanales, de subsistencia y pequeña escala a medios de vida seguros y justos, amén de asegurarles acceso preferente a sus recursos y caladeros tradicionales.
El enfoque de derechos humanos deberá asimismo:
- reconocer los derechos de los pescadores de pequeña escala, pueblos indígenas y comunidades locales a la utilización sostenible y la protección de sus hábitats;
- proteger y alentar el uso tradicional de los recursos biológicos de acuerdo con las prácticas culturales ancestrales compatibles con la conservación o la explotación sostenible;
- asegurar la conservación, manejo y desarrollo de pesquerías sostenibles, así como la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, apoyándose no solo en la ciencia sino también en los conocimientos tradicionales y tecnologías pesqueras de las comunidades y los pueblos indígenas;
- capacitar a las organizaciones tradicionales y organizaciones de productores para que puedan contribuir al manejo de los recursos pesqueros;
- asegurar la consulta y la participación real de las comunidades pesqueras en la conservación, gestión y uso sostenible de los recursos acuáticos vivos;
- proteger los intereses de las comunidades locales y los pueblos indígenas en la negociación y aplicación de acuerdos internacionales sobre el desarrollo o la conservación de los recursos marinos vivos;
- reconocer el derecho a la seguridad social de los pescadores y sus familiares, en pie de igualdad con los demás trabajadores, respetando la edad mínima para trabajar, reconociendo el derecho a la seguridad y la salud y a estar protegidos de las enfermedades y los accidentes laborales, y
- asegurarse de que las estrategias y prácticas relacionadas con el fomento del comercio internacional no tienen efectos adversos sobre los derechos nutricionales y las necesidades de las poblaciones locales.
Estos elementos ya están incorporados a la Agenda 21, el UNFSA, el CCPR, las decisiones de la Conferencia de las Partes del CDB, y el Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero de la OIT de 2007, aunque su adopción y aplicación a escala nacional dejen mucho que desear. La FAO prepara igualmente unas directrices internacionales sobre la pesca artesanal responsable, con gran interés por el enfoque de derechos humanos para la pesca artesanal.
Río+20 espera generar soluciones para el desarrollo sostenible asimismo protegiendo los océanos de la sobrepesca, la destrucción de los ecosistemas marinos y los efectos negativos del cambio climático. Todos estos factores podrían reducir la pobreza, crear puestos de trabajo dignos y asegurar un uso sostenible y equitativo de los recursos en las comunidades pesqueras. Sin embargo, todo esto solo se hará realidad si el enfoque de derechos humanos queda reconocido e incorporado claramente a las políticas, la legislación y las obligaciones de presentar informes de los Estados miembros. Confiamos en que Río+20 escuche estos consejos.
