Análisis
EL DIFICIL CAMINO A RIO
Héctor-Luis Morales
La Conferencia de Río ha despertado en todo el mundo una gran esperanza y sus resultados pueden provocar una amplia frustración de no llegarse a un acuerdo profundo que se materialice en la práctica, entre los representantes de los gobiernos, para dar una solución a los graves problemas del ambiente en nuestro planeta.
Las reuniones preparatorias y los seminarios, encuentros y publicaciones realizadas por gobiernos, centros de investigación, organizaciones civiles y movimientos sociales han mostrado que el camino a Río es difícil de recorrer por la cantidad y la gravedad de los problemas políticos, ambientales y económicos detectados.
Si bien es posible detectar y cuantificar los problemas ambientales y sus soluciones, no es fácil comprender la rigidez de los gobiernos de los países más ricos para cerrar el paso a las soluciones de conjunto propuestas en los foros internacionales, en los cuales las negociaciones no se atienen a las recomendaciones de los científicos o a los acuerdos de los grupos sociales afectados, sino que satisfacen los intereses económicos dé corto plazo de esos países.
¿Quién pagará la factura de la deuda ambiental? ¿Y quién ha producido el daño ambiental? Las respuestas...
Análisis
EL DIFICIL CAMINO A RIO
Héctor-Luis Morales
La Conferencia de Río ha despertado en todo el mundo una gran esperanza y sus resultados pueden provocar una amplia frustración de no llegarse a un acuerdo profundo que se materialice en la práctica, entre los representantes de los gobiernos, para dar una solución a los graves problemas del ambiente en nuestro planeta.
Las reuniones preparatorias y los seminarios, encuentros y publicaciones realizadas por gobiernos, centros de investigación, organizaciones civiles y movimientos sociales han mostrado que el camino a Río es difícil de recorrer por la cantidad y la gravedad de los problemas políticos, ambientales y económicos detectados.
Si bien es posible detectar y cuantificar los problemas ambientales y sus soluciones, no es fácil comprender la rigidez de los gobiernos de los países más ricos para cerrar el paso a las soluciones de conjunto propuestas en los foros internacionales, en los cuales las negociaciones no se atienen a las recomendaciones de los científicos o a los acuerdos de los grupos sociales afectados, sino que satisfacen los intereses económicos dé corto plazo de esos países.
¿Quién pagará la factura de la deuda ambiental? ¿Y quién ha producido el daño ambiental? Las respuestas que se oyen en salones y pasillos esconden la verdad: el estilo de desarrollo industrial moderno, surgido incialmente en los países del norte y extendido en el resto del mundo, ha traído consigo la contaminación del planeta, el cambio climático, la ruptura de la capa de ozono, el agotamiento de los recursos naturales, el empobrecimiento de miles de millones de personas y una situación política y social marcada por conflictos bélicos entre naciones diversas, con desigualdades sociales y económicas aberrantes.
Es por ello que en el pago de la deuda ambiental debiera plantearse una responsabilidad compartida y proporcional de parte de quienes están contribuyendo a contaminar más intensamente, a fin de buscar soluciones que reporten más armonía tanto para los pueblos como para la relación de estos con su ambiente, en una perspectiva de sostenibilidad a largo plazo; que en la práctica resulta difícil por su alto costo y las resistencias a poner en marcha la transformación de las formas de producción y consumo vigentes, responsabilidad que debiera ser compartida también por los gobiernos y la sociedad civil de los países menos desarrollados.
En las reuniones preparatorias de la Cumbre de la Tierra, como se ha llamado a esta Conferencia, se ha comprobado una gran contradicción: la de una humanidad plenamente consciente de la riesgosa situación que amenaza colapsar su ambiente y se ve impedida de poner en marcha una solución radical por la falta de decisión de los países más industrializados que no están dispuestos a pagar los daños causados.
Los pescadores viven de los recursos del mar y sus diversos cuerpos acuáticos, y se sabe que las zonas costeras y marinas tienen una importancia vital tanto desde el punto de vista económico como ecológico para gran parte de la población del planeta. Estas zonas están sometidas a sobreexplotación y a competencia por efecto de demandas cortoplacistas, provenientes especialmente de los países de altos ingresos, así como los europeos, Japón, Estados Unidos, los que suelen ser deficitarios en productos pesqueros y están dispuestos a pagar altos precios para obtenerlos en países del tercer mundo.
Por otra parte, los océanos y aguas continentales están siendo contaminadas por fuentes de origen terrestre tales como efluentes urbanos, químicos, agrícolas, pesticidas y de origen minero, poniendo en grave peligro la sobrevivencia de los seres humanos y de las especies de esas aguas, principalmente su diversidad; algunos ecosistemas corren peligro de destrucción acarreando la desaparición de algunas especies que aún no se conocen en sus propiedades alimentarias o como fuentes potenciales para la medicina y la industria. Los cambios climáticos provocados por la emisión de gases como metano, dióxido de carbono o CFC pueden traer consigo el aumento del nivel promedio del mar y provocar enormes catástrofes por inundaciones, destrucción de zonas de acuicultura, destrucción del plancton y de la productividad marina.
Estos hechos son conocidos y suficientemente denunciados por científicos, asociaciones ecologistas y organismos internacionales preocupados del tema. Lo que nos interesa mostrar en este artículo y en este número de SAMUDRA es el rol que los pescadores y sus organizaciones han jugado en la defensa del ambiente y de sus derechos como profesionales, expresando a los gobiernos sus inquietudes y estableciendo diversos caminos para reclamar el respeto a sus inquietudes y la satisfacción de sus demandas.
Durante las reuniones preparatorias de la Conferencia el ICSF ha planteado diversos puntos que fueron recogidos e incorporados en los borradores llegando finalmente a una propuesta que resume estas demandas y que servirá, de ser aprobado, como una plataforma de lucha para las organizaciones nacionales y regionales.
En las propuestas para el Plan de Acción, llamado Agenda 21, hay un capitulo especial sobre Protección de los océanos y todos los tipos de mares, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, aprovechamiento racional y desarrollo de sus recursos vivos, en sus puntos C y D se enuncia un conjunto de planteamientos que dan base a lo que el ICSF ha llamado la Carta de los Derechos Fundamentales de los Pescadores Artesanales y Trabajadores Pesqueros del Mundo.
- Se reconoce en general el estado en que se encuentra el ambiente marino, especialmente el manejo de los recursos vivos a través de pesca incontrolada, sobre-capitalización, tamaño desmesurado de las flotas, uso de artes de pesca insuficientemente selectivas; asimismo el uso del mar como vertedero de contaminantes de todo tipo provenientes de fuentes terrestres (urbana, industrial, agrícola, y minero).
- Se plantea la necesidad de que los Estados se comprometan a conservar y aprovechar en forma sostenible los recursos vivos para satisfacer las necesidades de nutrición de los seres humanos, mantener y restablecer las poblaciones de especies, promover la creación y uso de artes de pesca selectivas, conservar las especies y los hábitats en peligro, y promover la investigación científica sobre esos recursos.
- Los Estados deben considerar en sus programas de aprovechamiento y ordenación, los conocimientos tradicionales e intereses de las Comunidades locales, pescadores artesanales y poblaciones autóctonas, y desarrollar el potencial de los recursos marinos vivos mediante la preparación de inventarios para su conservación y utilización sostenible.
Se señala especialmente que los estados costeros deben apoyar el carácter sostenible de la pesca artesanal en pequeña escala y para ello deben, según proceda:
-integrar en la planificación marina y costera el desarrollo de la pesca artesanal en pequeña escala, teniendo presentes los intereses de los pescadores, los trabajadores de explotaciones pesqueras de pequeña escala, las mujeres, las comunidades locales y las poblaciones indígenas, y alentando la representación de esos grupos cuando proceda, incluso asegurando que en las negociaciones y aplicaciones de acuerdos internacionales se tengan presentes los Intereses de las comunidades locales y las poblaciones indígenas, especialmente su derecho a la subsistencia;
- reconocer los derechos de los qué realizan labores de pesca’en pequeña escala y la situación especial de tas poblaciones indígenas y las comunidades locales, incluyendo sus derechos a la utilización y protección de su hábitat sobre una base sostenible;
- establecer sistemas para la adquisición y el registro de conocimientos tradicionales sobre los recursos vivos y el medio ambiente marino y promover la Incorporación de esos conocimientos en los sistemas de ordenación.
- Sobre la acuicultura, se recomienda que analizar las posibilidades que ofrecen las zonas marinas y costera sometidas a la jurisdicción nacional, se apliquen salvaguardias adecuadas para la introducción de especies nuevas, se desarrolle la cooperación educativa, financiera y técnica para aumentar esta actividad junto a la pesquería de pequeña escala.
- Se hace una recomendación especial acerca del reconocimiento y la protección de ecosistemas marinos con niveles altos de biodiversidad y productividad. especialmente arrecifes de coral, estuarios, marismas templadas y tropicales, incluidos manglares, lechos de ostras y algas marinas y otras zonas de reproducción y cría, para los cuales se pide que se establezcan limites y se definan zonas protegidas.
La Carta de los Derechos de los Pescadores re-sume, en forma pedagógica, las propuestas de la Agenda 21 y esperamos que se convierta progresivamente en el ideario por el cual se encaminan las luchas de las organizaciones para rescatar (a dignidad y el reconocimiento que se debe a los trabajadores de la pesca por su aporte a la sobrevivencia de las personas, las familias y el ambiente en que vivimos.
