Yemaya

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Issue No.37
  • :0973-1172
  • :julio
  • :2011

El Tercer Simposio Mundial de Género en la Pesca y la Acuicultura (GAF 3), celebrado a principios de año en Shanghái, desveló datos preocupantes en torno a la mujer en la pesca. La mujer sigue siendo invisible y marginal en el sector. Tal vez tengan mayor acceso al microcrédito pero siguen sin tener propiedades a su nombre. Si una mujer consigue ocupar un alto cargo en una institución pesquera, será la excepción que confirme la regla de que el trabajo femenino se concentra en lo más bajo del escalafón. Es evidente que a pesar de los años de lucha y de reivindicación a las mujeres del sector pesquero se les sigue negando su derecho fundamental a la igualdad y la justicia. El género, el principal tema tratado en el simposio GAF 3, se reconoce actualmente como una de las herramientas de discriminación y exclusión más poderosas en el sector pesquero. Se conocen mal los factores que crean, mantienen y reproducen las distinciones de género en la sociedad. Normalmente la concepción de género se limita a las diferencias de poder que separan a hombres de mujeres. Según esta doctrina, el género constituye una brecha entre los sexos. Para saltar la brecha las mujeres necesitarían, según la misma teoría, un conjunto de aptitudes y herramientas a las que pueden acceder mediante capacitación para el empoderamiento, técnicas de transversalidad (“mainstreaming”), o acceso al microcrédito. Este enfoque ha predominado durante largo tiempo en el sector del desarrollo pero los datos parecen indicar que para la mayor parte de las mujeres del sector pesquero, la brecha no se ha reducido ni un milímetro.

HITOS

Igualdad de género, derechos indígenas y derechos humanos en Ecuador


Por Ramya Rajagopalan (icsf@icsf.net), consultora del CIAPA


La nueva Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, adopta cambios trascendentales por lo que respecta al reconocimiento de la igualdad de género y los derechos indígenas. Prohíbe la discriminación de género e incluye disposiciones a favor de la igualdad en el empleo y los derechos de propiedad, los derechos sexuales y reproductivos, el reparto de responsabilidades en la familia y la seguridad social de las amas de casa. Los artículos 57 y 58 consagran y garantizan los derechos de los pueblos indígenas, amparando así a millares de ciudadanos del país que viven en sus regiones más pobres. Para las mujeres indígenas el artículo 171 cobra especial importancia, ya que garantiza su participación en la toma de decisiones dentro de los órganos indígenas de gobierno y justicia. El proceso de reforma constitucional comenzó en 2007, con fuerte implicación de las asociaciones de mujeres que pedían que el Estado amparase los derechos culturales colectivos de los indígenas, como el derecho a la tierra o los económicos,