Samudra Report

Keyword Search
 
Issue No:62
  • :0974–0007
  • :julio
  • :2012

Es un lugar fabuloso: con la marea alta, un remolino de espuma,

agitado por la marejada que se estrella contra la boya de la escollera.

Pero cuando baja la marea este mundo diminuto se vuelve

tranquilo y adorable. El mar es transparente y el fondo se vuelve

fantástico, con animales que corren, luchan, comen y se reproducen.


Cannery Row, John Steinbeck

Brasil : Derechos de los Pescadores

Reivindicar derechos

Los pescadores artesanales de Brasil se movilizan en defensa de sus territorios con una campaña a favor de una nueva carta de derechos


 

Las autoras de este artículo son Naína Pierri (pierrinai@gmail.com), miembro del CIAPA en Brasil, Natália Tavares de Azevedo (nataliatavares@ufpr.br), doctora en Medioambiente y Desarrollo, y Beatriz Mesquita (beatrizmesquita@fundaj.gov.br), miembro del CIAPA en Brasil


 

Desde hace algunos años los pescadores y las comunidades de pesca artesanal de Brasil son expulsadas a la fuerza de sus territorios tradicionales o presionadas para que los abandonen, poniendo en peligro su supervivencia económica y cultural. La causa del fenómeno es una nueva oleada de desarrollo bajo la forma de inversiones públicas y privadas y de construcción de proyectos de infraestructura de gran  escala, que avanza ocupando espacios  cuyas poblaciones y los usos tradicionales que éstas les dan son considerados como obstáculos al “progreso” y al “interés público”.

 

Frente a esta situación, el Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras Artesanales ha tomado la iniciativa de redactar una carta o declaración que reconozca su derecho colectivo a  permanecer en sus territorios y explotar  sus recursos. A principios de junio de 2012,  el Movimiento lanzó una campaña  nacional de recogida de firmas a fin de  poder presentar la propuesta ante el Parlamento.

 

El reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales en Brasil se basa en un   conjunto de textos jurídicos, entre los que destacan la Constitución de 1988, la ley por la que se funda el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (áreas protegidas) de 2000 y el Decreto que establece la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales de 2007.

 

La Constitución brasileña de 1988 introdujo avances en la institución de derechos colectivos para los pueblos indígenas y las quilombolas (comunidades aisladas constituidas principalmente por esclavos negros huidos de sus dueños en el período de la esclavitud, entre el siglo XVII  y el XIX, y contiene disposiciones que  protegen la demarcación y propiedad de sus territorios). Es más, la Constituciónprotege los derechos culturales y el patrimonio cultural brasileño, tanto tangible como intangible, teniendo en cuenta la identidad de los diferentes grupos sociales que constituyen la sociedad brasileña, así como la forma en que cada uno de ellos ha desarrollado y mantenido sus medios de subsistencia, definiendo igualmente la obligación del Gobierno de proteger dicha identidad. Por si esto fuera poco, existe un mandato constitucional por el cual toda propiedad urbana o rural debe responder a una función social, lo que implica la posibilidad de expropiación y redistribución en aras de la equidad o de otros imperativos sociales de amplio alcance.

 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC), fundado en 2000, contempla dos tipos de áreas protegidas que permiten la permanencia de las comunidades tradicionales, a saber: las “reservas extractivas” y las “reservas de desarrollo sostenible”. Estas categorías se crearon en respuesta a la lucha de las poblaciones que mantienen actividades extractivas tradicionales en la región del Amazonas, aunque después de la institucionalización del SNUC se han transformado en una importante  estrategia para lograr el respeto de los derechos territoriales de las comunidades en todo el país.

 

Derechos tradicionales

 

Ahora bien, la creación de las reservas no establece automáticamente derechos para todas las comunidades tradicionales.  Se otorgan caso a caso, en un proceso donde los criterios de conservación medioambiental a menudo prevalecen sobre el reconocimiento de los derechos colectivos al territorio. De esta manera, las áreas protegidas ven limitada su capacidad de garantizar el derecho de los pueblos tradicionales a permanecer en sus  territorios y a disfrutar de sus recursos.

 

Para colmar esta laguna, se promulgó en 2007 la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales, que aborda las necesidades  de los grupos con una cultura propia, conciencia de su diferencia cultural, y formas propias de organización social, de manera que la pervivencia de su acervo cultural, social, religioso, ancestral y económico depende de las tierras que ocupan y los recursos naturales que explotan, y que utilizan conocimientos, innovaciones y prácticas generadas y transmitidas por la tradición. Esta política nacional pretende reconocer, empoderar y garantizar los derechos territoriales, sociales, medioambientales, económicos y culturales de dichas comunidades, así  como su acceso a los recursos naturales de los que dependen para su sustento. Sin embargo, el gobierno no ha adoptado todavía las leyes y normas necesarias para una aplicación efectiva de la misma.

 

Consecuentemente, a pesar de este amplio marco jurídico, a las comunidades de pesca artesanal de Brasil les cuesta enormemente cobrar el reconocimiento jurídico de sus territorios, principalmente a causa de conflictos de interés que impiden la creación de las reservas extractivas y las reservas de desarrollo sostenible y la aplicación práctica de la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales.

 

Este es el telón de fondo de la iniciativa tomada por los pescadores artesanales de redactar una carta de derechos donde se reconozca el derecho de las comunidades pesqueras tradicionales a sus territorios y establezca los procedimientos a seguir  para obtener la delimitación y  otorgamiento de los títulos de propiedad. Para que el proyecto sea admitido por el parlamento, necesita recabar el apoyo de  un número significativo de votantes, mediante una campaña de recogida de firmas que ya ha comenzado en todo  el país.

 

La presentación de propuestas legislativas por iniciativa popular es un derecho amparado por la Constitución brasileña. Se necesita el apoyo del uno por ciento del electorado, lo que en este momento supone recoger 1.385.000 firmas. Una vez obtenidas, el documento se envía al Congreso de Diputados, que registrará su entrada y lo tramitará como hace con cualquier otro texto legislativo. Ahora bien, con frecuencia los textos controvertidos tardan años en llegar hasta su votación definitiva, y después todavía les queda conseguir el visto bueno del Senado y del Presidente.

 

El documento preparado por los pescadores brasileños propone  “…el reconocimiento del derecho de las comunidades pesqueras tradicionales al territorio, que es considerado como patrimonio cultural material e inmaterial, merecedor de protección y promoción…”, estableciendo “el procedimiento para la identificación, delimitación, demarcación y otorgamiento de títulos de propiedad” de  los territorios, garantizando a las comunidades pesqueras tradicionales “acceso exclusivo a los recursos naturales” de los que dependen.

 

El texto define los “territorios tradicionales de pesca” como aquellas  “zonas terrestres y acuáticas utilizadas por  las comunidades pesqueras tradicionales para vivienda, actividades productivas, así como para la conservación, refugio y reproducción de las especies y de otros recursos necesarios para asegurar su sustento, amén de su reproducción física, social, económica y cultural, incluidos aquellos espacios con valor simbólico, religioso, cosmológico o histórico”.

 

Por añadidura, la propuesta establece el deber del gobierno de formular una política nacional de desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras  tradicionales e incorporarla en los planes, programas, proyectos y acciones, asignando metas, recursos y responsabilidades a los organismos encargados de su ejecución. Se propone que esta política abarque las siguientes áreas: generación de ingresos con sostenibilidad medioambiental, calidad de vida, género, equidad racial y generacional, refuerzo y empoderamiento de las comunidades y su participación y control social.

 

Entre los objetivos explícitos de la propuesta, merecen destacarse los  siguientes: velar por el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de  las comunidades tradicionales, especialmente en situaciones de conflicto o de amenaza a su integridad, asegurar la protección plena de los manglares y los apicuns (sedimento arenoso que rodea las áreas del ecosistema manglar), bosques ribereños y albuferas litorales, garantizar el acceso libre a las comunidades, y promover la gestión pesquera en las zonas costeras y cuencas fluviales, con amplia participación de los pescadores, teniendo en cuenta sus conocimientos tradicionales.

 

De esta manera la propuesta define que su cometido principal consiste en el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras tradicionales mediante el reconocimiento de sus derechos  territoriales considerados fundamentales.

 

El lanzamiento de la campaña de recogida de firmas en apoyo de la propuesta elaborada por los pescadores tuvo lugar del 4 al 6 de junio en Brasilia, en el Palacio de Exposiciones del Parque de la Ciudad, con la participación de 2.000 pescadores y pescadoras procedentes de diferentes regiones del país, que acamparon en sus alrededores.

 

 

Ceremonia pública

 

 

El lanzamiento oficial se celebró la mañana del 5 de junio, en una ceremonia pública oficiada por un consejo formado por pescadores, representantes de otros movimientos sociales, así como funcionarios de varias agencias del gobierno, como el Ministerio de Pesca y Acuicultura.

 

Ese mismo día, por la tarde, tuvo lugar una audiencia pública a la que asistieron representantes del Ministerio Público Federal, el Ministerio de Medioambiente y el Departamento de Patrimonio de la  Unión. La audiencia pública sirvió para denunciar que las comunidades  pesqueras están siendo expulsadas o presionadas para abandonar sus territorios.

 

El punto culminante del evento fue la Marcha en Defensa de la Pesca artesanal de Brasil, que tuvo lugar el 6 de junio entre el Parque de la Ciudad y el Congreso Nacional.

 

Al terminar la marcha, 50  representantes de los pescadores y  pescadoras se reunieron con los parlamentarios para presentar el proyecto, anunciando que volverían con las firmas necesarias para su tramitación, debate y en último término aprobación por el parlamento.

 

Aunque la recogida de firmas permitiría la tramitación de la propuesta en el parlamento, no se fijó ningún plazo para su debate ni existe ninguna garantía de  que vaya a ser aprobada.

 

Ahora bien, el hecho de que la  propuesta sea propulsada por los movimientos sociales y apoyada por una parte significativa del electorado debería propiciar que fuese debatida y aprobada, erigiéndose así en una herramienta jurídica fundamental en la defensa de las comunidades pesqueras.

 

La importancia de la campaña de recogida de firmas, sin embargo, trasciende la esfera jurídica: su significado real se  hizo patente desde el primer día, cuando  los pescadores manifestaron su  solidaridad en torno a la propuesta y movilizaron recursos a fin de dar a conocer al resto del país su situación y sus legítimas reivindicaciones y de recabar el apoyo del público en general.

 

La movilización en torno a la propuesta parece tener el potencial de congregar las fuerzas necesarias para su éxito, por varias razones: en primer lugar, se trata de una campaña nacional que une esfuerzos que suelen estar fragmentados y dispersos en cada una de las comunidades pesqueras locales.

 

En segundo lugar, supera las  limitaciones de las acciones más corrientes, cortoplacistas y reactivas, gracias a la presencia de un programa a largo plazo para los próximos tres años, al que pueden adherirse otras organizaciones y sectores.

 

Por último, la campaña constituye el esfuerzo de movilización más significativo en Brasil en los últimos veinte años, y expresa la madurez política alcanzada por el Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras, que es una organización autónoma que mantiene una distancia  crítica con respecto al gobierno y sus políticas.

 

Independientemente del destino final de la propuesta, la campaña en curso de los pescadores artesanales de Brasil cobra una gran importancia, ya que refuerza la capacidad de los pescadores y pescadoras de luchar y resistirse, dándoles una mayor visibilidad como agentes económicos y políticos y presenta un ejemplo que puede ser replicado por otros pescadores y comunidades tradicionales cuyos  territorios también peligran.

Más información

 

 

www.icsf.net/en/samudra-news-alert/articledetail/48533-National-campai.html?language=EN
Lanzamiento en Brasil de una campaña nacional para asegurar los territorios de pesca tradicionales

 

 

 

Desde hace algunos años los pescadores y las comunidades de pesca artesanal de Brasil son expulsadas a la fuerza de sus territorios tradicionales o presionadas para que los abandonen, poniendo en peligro su supervivencia económica y cultural. La causa del fenómeno es una nueva oleada de desarrollo bajo la forma de inversiones públicas y privadas y de construcción de proyectos de infraestructura de gran  escala, que avanza ocupando espacios
cuyas poblaciones y los usos tradicionales que éstas les dan son considerados como obstáculos al “progreso” y al “interés público”.
Frente a esta situación, el Movimiento Nacional de Pescadores y Pescadoras Artesanales ha tomado la iniciativa de redactar una carta o declaración que reconozca su derecho colectivo a
permanecer en sus territorios y explotar
sus recursos. A principios de junio de 2012,
el Movimiento lanzó una campaña
nacional de recogida de firmas a fin de
poder presentar la propuesta ante el Parlamento.
El reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales en Brasil se basa en un  
conjunto de textos jurídicos, entre los que destacan la Constitución de 1988, la ley por la que se funda el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (áreas protegidas) de 2000 y el Decreto que establece la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales de 2007.
La Constitución brasileña de 1988 introdujo avances en la institución de derechos colectivos para los pueblos indígenas y las quilombolas (comunidades aisladas constituidas principalmente por esclavos negros huidos de sus dueños en el período de la esclavitud, entre el siglo XVII
y el XIX, y contiene disposiciones que
protegen la demarcación y propiedad de sus territorios). Es más, la Constituciónprotege los derechos culturales y el patrimonio cultural brasileño, tanto tangible como intangible, teniendo en cuenta la identidad de los diferentes grupos sociales que constituyen la sociedad brasileña, así como la forma en que cada uno de ellos ha desarrollado y mantenido sus medios de subsistencia, definiendo igualmente la obligación del Gobierno de proteger dicha identidad. Por si esto fuera poco, existe un mandato constitucional por el cual toda propiedad urbana o rural debe responder a una función social, lo que implica la posibilidad de expropiación y redistribución en aras de la equidad o de otros imperativos sociales de amplio alcance.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC), fundado en 2000, contempla dos tipos de áreas protegidas que permiten la permanencia de las comunidades tradicionales, a saber: las “reservas extractivas” y las “reservas de desarrollo sostenible”. Estas categorías se crearon en respuesta a la lucha de las poblaciones que mantienen actividades extractivas tradicionales en la región del Amazonas, aunque después de la institucionalización del SNUC se han transformado en una importante
estrategia para lograr el respeto de los derechos territoriales de las comunidades en todo el país.
Derechos tradicionales
Ahora bien, la creación de las reservas no establece automáticamente derechos para todas las comunidades tradicionales.
Se otorgan caso a caso, en un proceso donde los criterios de conservación medioambiental a menudo prevalecen sobre el reconocimiento de los derechos colectivos al territorio. De esta manera, las áreas protegidas ven limitada su capacidad de garantizar el derecho de los pueblos tradicionales a permanecer en sus
territorios y a disfrutar de sus recursos.
Para colmar esta laguna, se promulgó en 2007 la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales, que aborda las necesidades
de los grupos con una cultura propia, conciencia de su diferencia cultural, y formas propias de organización social, de manera que la pervivencia de su acervo cultural, social, religioso, ancestral y económico depende de las tierras que ocupan y los recursos naturales que explotan, y que utilizan conocimientos, innovaciones y prácticas generadas y transmitidas por la tradición. Esta política nacional pretende reconocer, empoderar y garantizar los derechos territoriales, sociales, medioambientales, económicos y culturales de dichas comunidades, así
como su acceso a los recursos naturales de los que dependen para su sustento. Sin embargo, el gobierno no ha adoptado todavía las leyes y normas necesarias para una aplicación efectiva de la misma.
Consecuentemente, a pesar de este amplio marco jurídico, a las comunidades de pesca artesanal de Brasil les cuesta enormemente cobrar el reconocimiento jurídico de sus territorios, principalmente a causa de conflictos de interés que impiden la creación de las reservas extractivas y las reservas de desarrollo sostenible y la aplicación práctica de la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales.
Este es el telón de fondo de la iniciativa tomada por los pescadores artesanales de redactar una carta de derechos donde se reconozca el derecho de las comunidades pesqueras tradicionales a sus territorios y establezca los procedimientos a seguir
para obtener la delimitación y
otorgamiento de los títulos de propiedad. Para que el proyecto sea admitido por el parlamento, necesita recabar el apoyo de
un número significativo de votantes, mediante una campaña de recogida de firmas que ya ha comenzado en todo
el país.
La presentación de propuestas legislativas por iniciativa popular es un derecho amparado por la Constitución brasileña. Se necesita el apoyo del uno por ciento del electorado, lo que en este momento supone recoger 1.385.000 firmas. Una vez obtenidas, el documento se envía al Congreso de Diputados, que registrará su entrada y lo tramitará como hace con cualquier otro texto legislativo. Ahora bien, con frecuencia los textos controvertidos tardan años en llegar hasta su votación definitiva, y después todavía les queda conseguir el visto bueno del Senado y del Presidente.
El documento preparado por los pescadores brasileños propone
“…el reconocimiento del derecho de las comunidades pesqueras tradicionales al territorio, que es considerado como patrimonio cultural material e inmaterial, merecedor de protección y promoción…”, estableciendo “el procedimiento para la identificación, delimitación, demarcación y otorgamiento de títulos de propiedad” de
los territorios, garantizando a las comunidades pesqueras tradicionales “acceso exclusivo a los recursos naturales” de los que dependen.
El texto define los “territorios tradicionales de pesca” como aquellas
“zonas terrestres y acuáticas utilizadas por
las comunidades pesqueras tradicionales para vivienda, actividades productivas, así como para la conservación, refugio y reproducción de las especies y de otros recursos necesarios para asegurar su sustento, amén de su reproducción física, social, económica y cultural, incluidos aquellos espacios con valor simbólico, religioso, cosmológico o histórico”.
Por añadidura, la propuesta establece el deber del gobierno de formular una política nacional de desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras
tradicionales e incorporarla en los planes, programas, proyectos y acciones, asignando metas, recursos y responsabilidades a los organismos encargados de su ejecución. Se propone que esta política abarque las siguientes áreas: generación de ingresos con sostenibilidad medioambiental, calidad de vida, género, equidad racial y generacional, refuerzo y empoderamiento de las comunidades y su participación y control social.
Entre los objetivos explícitos de la propuesta, merecen destacarse los
siguientes: velar por el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de
las comunidades tradicionales, especialmente en situaciones de conflicto o de amenaza a su integridad, asegurar la protección plena de los manglares y los apicuns (sedimento arenoso que rodea las áreas del ecosistema manglar), bosques ribereños y albuferas litorales, garantizar el acceso libre a las comunidades, y promover la gestión pesquera en las zonas costeras y cuencas fluviales, con amplia participación de los pescadores, teniendo en cuenta sus conocimientos tradicionales.
De esta manera la propuesta define que su cometido principal consiste en el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras tradicionales mediante el reconocimiento de sus derechos
territoriales considerados fundamentales.
El lanzamiento de la campaña de recogida de firmas en apoyo de la prop
Sign up for SAMUDRA Report Table of Contents Alerts