Chile / LEGISLACIÓN PESQUERA
Un parto doloroso
Aquí siguen las líneas maestras de la nueva Ley de Pesca chilena, después de haberla pasado por el tamiz de las acusaciones y recriminaciones que se han cruzado sus partidarios y detractores
Brian O’Riordan (briano@skypro.be), de la oficina de Bruselas del CIAPA, es el autor de este artículo
El parto de la nueva Ley de Pesca chilena está siendo largo y doloroso. Si bien la batalla entre sus partidarios y detractores amaina en la prensa, la verdad es que las heridas que ha abierto ni mucho menos han cicatrizado. La nueva ley establece un sistema de cuotas individuales transferibles (en sus siglas inglesas ITQ) para los recursos de las especies comerciales más importantes de Chile. Fue una respuesta a la crisis del sector pesquero industrial, una crisis motivada por el exceso de capacidad y la subsiguiente «fiebre pesquera». No obstante, la ley tiene también importantes implicaciones para el sector artesanal.
Esta ley de privatización de los derechos de acceso a los recursos pesqueros chilenos llega cuando Chile ha firmado o está a punto de firmar un gran número de acuerdos de libre comercio (ALC). Los ALC permiten a los productos chilenos acceder a más de 1.200 millones de consumidores de Asia, Europa,...
Chile / LEGISLACIÓN PESQUERA
Un parto doloroso
Aquí siguen las líneas maestras de la nueva Ley de Pesca chilena, después de haberla pasado por el tamiz de las acusaciones y recriminaciones que se han cruzado sus partidarios y detractores
Brian O’Riordan (briano@skypro.be), de la oficina de Bruselas del CIAPA, es el autor de este artículo
El parto de la nueva Ley de Pesca chilena está siendo largo y doloroso. Si bien la batalla entre sus partidarios y detractores amaina en la prensa, la verdad es que las heridas que ha abierto ni mucho menos han cicatrizado. La nueva ley establece un sistema de cuotas individuales transferibles (en sus siglas inglesas ITQ) para los recursos de las especies comerciales más importantes de Chile. Fue una respuesta a la crisis del sector pesquero industrial, una crisis motivada por el exceso de capacidad y la subsiguiente «fiebre pesquera». No obstante, la ley tiene también importantes implicaciones para el sector artesanal.
Esta ley de privatización de los derechos de acceso a los recursos pesqueros chilenos llega cuando Chile ha firmado o está a punto de firmar un gran número de acuerdos de libre comercio (ALC). Los ALC permiten a los productos chilenos acceder a más de 1.200 millones de consumidores de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica y, al mismo tiempo, abren las puertas de las pesquerías chilenas y de las cuotas de pesca a la inversión extranjera directa. En el sector artesanal se han disparado las alarmas. Se teme que la compra de los recursos pesqueros chilenos por inversores extranjeros acabe convirtiendo el sector en una fuente de mano de obra barata.
Los primeros dolores de parto empezaron a sentirse en enero de 2001, cuando se promulgó una ley de «transición» que debía expirar el 31 de diciembre de 2002. Esta ley estableció para las pesquerías plenamente explotadas de Chile cuotas transferibles de captura asignadas individualmente a los armadores. La ley se concibió como una medida provisional para ganar tiempo y así poder debatir y negociar soluciones de consenso en torno a una ley integral, la llamada ley «larga».
Sucedió que la esta ley «larga» embarrancó en el parlamento chileno, con más de 900 propuestas de enmienda. A mitades de 2002, con el plazo del 31 de diciembre de ese mismo año a la vuelta de la esquina, el gobierno propuso prolongar diez años más la vigencia de la ley provisional. Entre otras cosas, la ley «corta» establecía un «régimen de extracción artesanal» con la asignación de una proporción de la cuota al sector pesquero artesanal (a organizaciones, individuos o empresas pesqueras). La «ley larga» volverá a presentarse en el parlamento chileno en septiembre de 2004.
El nacimiento de la nueva ley ha abierto profundas brechas dentro de las comunidades pesqueras chilenas. Asimismo, ha tejido nuevas alianzas estratégicas entre los actores de los sectores pesqueros artesanal e industrial. Así, las empresas industriales arriendan parte de su cuota a la flota artesanal que faena en la zona reservada de 5 millas, lo que puede considerarse el primer intento de instaurar un sistema feudal.
El proceso de gestación de la ley ha continuado marginando a los pueblos chilenos indígenas en materia de acceso legal al mar. Las comunidades lafkenche y mapuche-huilliche conservan tradiciones culturales y prácticas de subsistencia asociadas con el mar, la recolección de moluscos y la pesca. Sus derechos parecen no tener cabida en la Ley de Pesca chilena que restringe la concesión de derechos de pesca a sindicatos oficiales u organizaciones gremiales de pescadores.
Fuente de sustento
La pesquería de merluza común (Merluccius gayi) constituye un buen ejemplo de las discrepancias y polémicas generadas por la ley. Esta especie, popularmente denominada pescada, es la más consumida en Chile y supone una fuente básica de sustento para alrededor de 14.000 pescadores de las regiones centrales y meridionales del país andino.
En virtud de la «ley corta», el 35% de la cuota de merluza común se asigna al sector artesanal. Con todo, las capturas son tan reducidas que actualmente numerosos pescadores artesanales reciben ayudas del gobierno para compensar su pérdida de ingresos.
Además, unos 900 trabajadores del sector de transformación han perdido su empleo a consecuencia del déficit de materia prima. A otros 300 trabajadores no se les ha renovado el contrato.
Según un reciente informe elaborado por la Universidad de la Concepción, los métodos utilizados para evaluar los recursos de merluza común presentan graves deficiencias. Así, la cantidad de merluza en aguas chilenas podría ser la mitad de la indicada en las estadísticas oficiales del Instituto de Promoción de la Pesca.
Estas conclusiones suscitaron la reacción inmediata del Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA). Si bien admite que los recursos pesqueros podrían verse afectados por factores medioambientales, el Instituto afirma que no existe tal problema de explotación excesiva, al tiempo que insiste en la idoneidad de los métodos empleados de evaluación de los recursos. Como factor medioambiental que más incide en los recursos de merluza, el Instituto señala la rápida propagación del calamar (especie que ejercería una acción depredadora sobre la merluza), restando así importancia a la mortalidad por pesca.
Cosme Caracciolo, presidente de CONAPACH (la organización nacional de pescadores artesanales chilenos), no duda en atribuir la disminución de los recursos de merluza al sistema de ITQ. Asimismo, critica la limitada capacidad del gobierno para supervisar y controlar lo que sucede en las pesquerías. Lo único que se supervisa son los desembarcos legales. Caracciolo mantiene que los métodos pesqueros practicados en el sector industrial (arrastre de fondo y de medio fondo) no son selectivos y resultan sumamente dañinos para la pesquería al favorecer la captura y descarte en el mar de grandes cantidades de merluza por debajo de la talla comercial óptima. Caracciolo apunta que, si se tuviera en cuenta la merluza descartada, los índices de capturan serían, como mínimo, cinco veces superiores; un nivel insostenible para la biomasa de la especie. Además, cabe observar que, al contrario de lo que sucede con la flota artesanal, cuyas operaciones deben circunscribirse a la zona donde los pesqueros están registrados, la flota industrial puede desplazarse libremente por toda la costa y desembarcar las capturas allí donde mejor le convenga. De ahí que su control plantee serios problemas.
Pescadores artesanales Ante la escasez de merluza y la abundancia de calamar, numerosos pescadores artesanales en la Región Central, sobre todo en los alrededores de San Antonio y Valparaíso, han optado por invertir en la captura, transformación y exportación del cefalópodo.
No obstante, el valor relativamente reducido del calamar exige elevados niveles de captura para asegurar la rentabilidad de las operaciones. Según datos de CONAPACH, cada tonelada de calamar entraña unos costes de 30.000 pesos (unos 40 USD) y unas ganancias de 50.000 pesos (unos 70 USD) de las que hay que deducir la retribución de la tripulación de unos 20.000 pesos (unos 27 USD). El margen final se queda muy estrecho.
La polémica en torno a la Ley de Pesca se ha vuelto a encender con la aprobación de una enmienda a la «ley corta» (Resolución 174) que otorga a la Subsecretaría de Pesca poder discrecional para autorizar el acceso de flotas extranjeras a los recursos de calamar dentro de la zona económica exclusiva chilena y emitir licencias de un año de duración. Efectivamente, el 1 de junio de 2004 la Subsecretaría concedió licencias a buques pesqueros industriales para la pesca de calamar destinado a la producción de piensos.
Sin embargo, estos pasos socavan los esfuerzos del sector artesanal para capturar, transformar y exportar calamar. Es más, como afirma Caracciolo, «los pescadores artesanales están capturando calamar para el consumo humano, mientras que los buques industriales lo pescan para convertirlo en pienso destinado a la salmonicultura». Con el propósito de denunciar este derroche de recursos y de promover la causa de sus miembros, CONAPACH celebró el 28 de junio la festividad de San Pedro con el reparto de platos cocinados con calamar capturado por los pescadores artesanales.
En resumidas cuentas, todo indica que el sector pesquero artesanal chileno se verá constreñido por la nueva ley y que será víctima de una discriminación injusta, dada la laxitud del control de las operaciones industriales y de la competencia extranjera. La Ley de Pesca chilena que acaba de nacer podría agudizar los conflictos internos y las rivalidades que dividen el sector, amenazando el estilo de vida de los pescadores artesanales. La privatización de las pesquerías puede resultar positiva para las grandes empresas y las relaciones comerciales exteriores. Así y todo, ¿contribuirá a conservar los recursos pesqueros, a mantener la ocupación dentro del sector, a reconciliar intereses en conflicto y a asignar de modo equitativo los beneficios derivados de los recursos nacionales? Éstas son las prioridades que debería marcarse la nueva ley.
