Análisis / PARQUES MARINOS
Filetes de Nemo
Para muchas comunidades indígenas, los parques nacionales y marinos pueden suponer una considerable amenaza para sus derechos de caza y de pesca
Bob McDonald (parrot@axis.jeack.com.au), ecologista residente en Australia, es el autor de este artículo. McDonald colabora con el sector pesquero comercial en temas de protección, gestión y restauración de los hábitats.
Tras una Underdeveloped country rápida pérdida de paisajes naturales en el siglo XIX, las naciones occidentales crearon «parques nacionales» a fin de preservar entornos «silvestres» y, ya en el siglo XX, con el ánimo de proteger muestras de hábitats y de especies antes de que desaparecieran por completo. El establecimiento de los primeros parques marinos obedeció a los mismos motivos.
Más tarde, los parques nacionales de frica, Asia y América Central tuvieron como principal objetivo atraer el turismo occidental y los ingresos de él derivados. En algunos casos, los parques desplazaban a las comunidades locales convirtiendo a los propietarios tradicionales de aquellas tierras en «cazadores furtivos». Para numerosas comunidades indígenas los parques nacionales pueden acabar poniendo en peligro sus derechos de caza y de pesca.
En Australia, en los años ochenta, la posibilidad de que el gobierno del estado de Queensland autorizara la extracción de petróleo en la Gran Barrera de Arrecife incitó al gobierno federal, en reacción a las protestas, a establecer uno de los parques marinos más grandes del mundo, gestionado conjuntamente con el gobierno del estado.
Las reservas marinas de Victoria surgieron en aquellos mismos años. Su establecimiento estuvo marcado por la ausencia de diálogo con la población local, lo que despertó su rechazo. Su entrada en funcionamiento afectó a las pesquerías comerciales y deportivas. Estas primeras reservas también protegían terrenos públicos (de la Corona) más allá de la línea de la marea alta.
El parque marino de la Gran Barrera de Arrecife incluía originalmente una serie de pequeñas zonas en las que estaba prohibido pescar y que se utilizaban con fines científicos. Asimismo, englobaba y protegía una importante pesquería, comercial y deportiva. Aunque se concibió para proteger el medio ambiente marino, el parque albergaba dentro de sus límites o en zonas adyacentes urbanizaciones turísticas que causaron destrozos en manglares y se llevaron por delante pequeñas secciones de arrecife, algo que las potentes campañas ecologistas de la época no pudieron impedir.
Igualmente, se establecieron otros parques marinos siguiendo el principio de inclusión de la pesca. Así fue en el caso del parque marino de las islas Solitarias, declarado por el Departamento de Pesca de Nueva Gales del Sur en la costa norte de aquel estado.
En este último parque el enfoque cooperativo aplicado, con la consulta de todas las partes implicadas a la hora de establecer las zonas donde la actividad pesquera debía quedar prohibida, dio buenos resultados. Se fijó una protección especial de los estuarios hasta cierta distancia en el interior y se permitió pescar cerca de ciudades pequeñas del litoral.
Las zonas vedadas a la pesca fueron el fruto de un acuerdo con objetivos específicos como la protección de los corales litorales y del tiburón de arena. El sector pesquero y las comunidades del litoral cuidaban «su» parque marino; las empresas locales patrocinaban la gestión y ponían un vehículo para estos fines.
Lamentablemente, las cosas cambiaron cuando más tarde el Departamento Nacional de Parques arrebató las riendas de la reserva marina al Departamento de Pesca e implantó una gestión menos cooperativa y de carácter más agresivo. Dentro de la reserva se instaló una salida de aguas residuales.
La principal amenaza
A finales de los noventa, varios científicos marinos y diversos organismos gubernamentales en numerosos países ya habían conseguido que la opinión pública identificara la pesca con la principal amenaza a los recursos pesqueros y al medio ambiente marino. En efecto, científicos de todos los países insistían en que la pesca comercial causaba estragos en los recursos, propiciando la privatización de los derechos de pesca y su mercantilización en la forma de cuotas comercializables y transferibles (ITQ), así como la instauración de regímenes de gestión de capturas basados en el número de «días en el mar».
Este énfasis cada vez más acentuado en la «sobrepesca» desplazó el debate en torno a la protección del medio ambiente marino, alejándolo de la lucha contra la contaminación y contra los efectos de la minería y de la industria maderera.
Poco después del cambio de siglo, el gobierno del estado de Victoria propuso el establecimiento de una serie de parques marinos con el fin de «proteger» el 5% de las costas del estado, un plan que chocó con una protesta generalizada. Ante el temor de un hipotético revés electoral provocado por una supuesta coalición de pescadores deportivos y comunidades dedicadas a la pesca comercial, el gobierno negoció la ubicación de zonas vedadas a la pesca. Había concebido desde fuera unas instituciones estatales, inicialmente «blandas», y la traspuso después a nivel local.
Se modificó la legislación relativa a las reservas marinas. Ahora en ellas se permite la exploración con métodos sísmicos y la perforación. Se suprimió la protección de manglares y marismas adyacentes a las reservas originales.
Los parques marinos de Victoria no fueron el fruto de campañas comunitarias, sino de la voluntad gubernamental. Su valor para la «restauración de los recursos» se utilizó hábilmente en la campaña lanzada para su establecimiento. Sus límites, sobre todo los de las zonas vedadas a la pesca, se fijaron escogiendo los lugares donde se habían registrado mayores índices de capturas, presuponiendo la existencia de un vínculo entre volúmenes elevados de captura y la biodiversidad. Estos criterios se tradujeron en una mayor protección de las «costas de sotavento», lo que revirtió en un mayor impacto social y económico de las zonas vedadas a la pesca y, por ende, en su mayor rechazo.
A finales de los años noventa, la actividad legislativa en materia de pesca comercial y deportiva se transfirió de organismos representativos a otros designados por el gobierno. Si bien los segundos aglutinan intereses en conflicto como los del sector de transformación, de importadores y otros, desatienden los de los pescadores comerciales y los marginan. Valga el ejemplo del organismo de «mujeres en el sector», compuesto por investigadoras, esposas de directores de empresas pesqueras, etc., con poquísimas mujeres del entorno de las flotas tradicionales de patrones-armadores. En consecuencia, la voz de las mujeres de las comunidades pesqueras es casi inaudible.
Exploración petrolífera
También a finales de los años noventa la Commonwealth constituyó la Oficina Nacional de Océanos, encargada de establecer en qué parques marinos se autoriza la exploración de gas y petróleo. Al mismo tiempo, se prohibió la pesca en territorios antárticos en aras del control internacional de las pesquerías de merluza negra. A principios del año 2000 la Oficina propuso la creación de una serie de grandes parques marinos, medida que fue aprobada por el Estado y por «organismos sectoriales federales» constituidos para la región sureste de Australia. En estos parques marinos se permiten la exploración de gas y petróleo, incluso con métodos sísmicos, y cierta actividad pesquera comercial, sujeta a restricciones relativas a los artes y no al volumen. Una vez más, indirectamente se toman decisiones de gestión pesquera.
La gestión del parque marino de la Gran Barrera de Arrecifes también ha cambiado. Con el beneplácito del gobierno, en el año 2003 algunos científicos marinos lideraron una campaña para establecer zonas vedadas a la pesca en una tercera parte de la superficie de la Gran Barrera de Arrecifes; medida que, según se previó, redundaría en beneficio del sector turístico, sobre todo del sector de submarinismo. En cambio, la aplicación de normas de contención y vertido de residuos de embarcaciones y puertos ha vuelto a postergarse (para el alivio de operadores de barcos turísticos y de la marina mercantil). No obstante, los vertidos suponen un problema mucho más grave que las pesquerías comerciales, intensamente reguladas.
Por su parte, el gobierno de Queensland desplegó una eficaz campaña dirigida también a los pescadores deportivos con la intención de que se sintieran culpables por haber pescado tanto en el pasado y se ajustaran a límites para ciertas especies objetivo, hacía poco introducidos mediante bolsas. Con el propósito de contentar el grupo de presión de la pesca deportiva, el gobierno le cedió algunas áreas específicas para este tipo de pesca.
Con la creación de zonas de pesca deportiva el gobierno de Nueva Gales del Sur consiguió reducir ostensiblemente la pesca comercial en estuarios y marismas del sur. De nuevo, se dio a entender que la pesca es el único factor que determina la abundancia de los peces. Además, la justificación económica era muy simple: el pescado capturado por los pescadores deportivos se presentó como más valioso para la economía local que el capturado en la pesca comercial. Poco importaba que el salmonete, el eje de la pesquería comercial más importante de la zona, no se pesque en el sector deportivo.
Seguidamente se intensificaron las restricciones a las capturas deportivas con límites o prohibiciones de desembarcos de un abanico cada vez más amplio de especies. Así, puede observarse cómo cada estado de Australia avanza hacia la plena reglamentación de la pesca deportiva, convirtiéndola en el principal instrumento de financiación de la gestión pesquera. En Nueva Gales del Sur el dinero recaudado mediante la expedición de licencias deportivas se destina a programas de desguace del sector comercial. Lo mismo sucede en Victoria, donde también se han establecido áreas pesqueras adicionales, se ha prohibido la pesca en una serie de lagos costeros y se ha aprobado legislación con efectos retroactivos para impedir que los pescadores la recurran ante los tribunales.
El parque marino alrededor de los arrecifes de Ashmore, en el noroeste de Australia, se estableció sin que previamente se realizaran investigaciones o procesos de consulta. Simplemente se estimó imprescindible vedar la zona a la pesca, ya que los pescadores indonesios podían poner «en peligro» las tortugas y los dugongos. Mal demarcada, la zona vedada se convirtió en una trampa para los pescadores indonesios. La Autoridad de Gestión Pesquera Australiana, a tenor de su interpretación literal de los «derechos pesqueros tradicionales», no permite que los pescadores indonesios utilicen en esta zona transferida, cuyo control recae ahora sobre Australia, asistentes de navegación o motores. Como resultado, en Australia unos 200 pescadores indonesios suelen estar encarcelados al mismo tiempo.
De buen seguro, los parques marinos pueden ser poderosos instrumentos para la gestión del ecoturismo y del medioambiente marino. No obstante, para que sean eficaces deben establecerse siempre con el respaldo de las comunidades locales. Es más, la cooperación de las comunidades locales adyacentes resulta esencial para su gestión. Las pesquerías a pequeña escala desempeñan un papel clave en el cumplimiento y en la supervisión de normas medioambientales con una óptima relación coste-eficacia.
Los parques marinos sin respaldo de las comunidades adyacentes o de las pesquerías comerciales a pequeña escala que se desarrollan en sus aguas resultan sumamente caros de «aplicar». Es básico que los objetivos de los parques marinos se debatan y presenten de forma muy clara y que las comunidades locales participen en este proceso. Los parques marinos son «para siempre», su establecimiento no debe hacerse con prisas. A los habitantes locales les corresponde un papel protagonista en estos parques. El planteamiento «puritano duro» procedente del mundo urbano occidental, consistente en la protección de todas las especies y en la exclusión del ser humano, no es práctico ni alcanzable y, además, es insostenible económica, ecológica y socialmente.
Amplia variedad
Si se quiere que contribuya a la gestión pesquera, la protección del hábitat debe reflejar las necesidades actuales de una amplia variedad de especies marinas. Sólo así se llegará a la gestión de hábitats sumamente dispersos y compartidos como son los arrecifes de coral, los manglares, las marismas y los humedales costeros, así como los sistemas fluviales y de corrientes que los alimentan.
En el futuro, algunas de estas zonas deberán desbrozarse y secarse debido a la expansión de la agricultura, la industria, el desarrollo costero y a los desvíos de recursos hídricos asociados al crecimiento demográfico. Cabe considerar la importancia que revisten para la producción pesquera estos tipos de hábitat y la calidad e intensidad de las corrientes de agua. Así, en zonas donde interese potenciarla, las corrientes de agua deberían restablecerse.
Las pesquerías comerciales, a pequeña o gran escala, constituyen un sector económico y como tal su gestión requiere un marco económico más que un marco de conservación. La producción pesquera y el turismo de un entorno marino concreto generan ingresos considerables que confieren un valor económico a los varios elementos que componen dicho entorno marino, empezando por manglares y arrecifes de coral y acabando por la calidad y la cantidad de las corrientes de agua dulce que fluyen hacia la costa. Los parques marinos regidos por el principio de inclusión de la pesca pueden constituir un centro de gravedad para la gestión y un «baremo» para calcular el valor económico/financiero de una amplia variedad de hábitats.
Los mayores beneficiarios de la inversión en gestión, mantenimiento y restauración de entornos marinos esenciales son los pescadores que capturan especies que dependen directa o indirectamente de estos hábitats (en ellos se reproducen, por ejemplo, las especies que sirven de alimento al atún). Esta inversión en la gestión de hábitats costeros que alimentan entornos marinos costeros, financiada por quienes pescan en ellos (o se alimentan del pescado capturado) y por quienes los utilizan con fines turísticos, mejorará su valor para todos.
En un futuro próximo, muchas naciones se verán ante una encrucijada a medida que aumenten la demanda de pescado de sus aguas, sus exportaciones y el valor de mercado de estas últimas. Tendrán que decidirse o bien por adaptar sus pesquerías tradicionales y regionales a la nueva situación, o por internacionalizar los derechos de pesca ligados a sus aguas. La segunda opción podría comportar la pérdida gradual de derechos de pesca en aguas territoriales en el marco de onerosos regímenes de gestión.
Por otra parte, los parques marinos erróneamente concebidos pueden perjudicar la economía tradicional local al privar a la población de su derecho a explotar el entorno marino. Los gobiernos, atraídos por los ingresos que aportan turistas extranjeros interesados en observar a los peces, y no en comérselos, pueden acabar favoreciendo la protección excesiva de ecosistemas marinos que, de otra forma, podrían sostener fácilmente las pesquerías costeras y un ecoturismo muy activo.
Más que «buscar a Nemo» (el título de una película de dibujos animados de Disney en la que, sutilmente, se «humaniza» a los peces), la gestión pesquera y de parques marinos deben tener muy clara la necesidad de «filetear a Nemo» para mantener una buena salud, la independencia económica y el entorno marino.
