ESTADOS UNIDOS / COVID-19

Ayudas mal planteadas

La pesca artesanal aporta seguridad alimentaria a los Estados Unidos, pero las ayudas para paliar la COVID-19 favorecen las operaciones industriales y son insostenibles

La autora de este artículo es Heidi Anne Rogers (heidi@namanet.org), coordinadora de comunicaciones de la Alianza Marina del Atlántico Noroeste (NAMA), EE.UU.

Si bien las grandes corporaciones y las principales empresas de pescado y marisco tal vez puedan capear el temporal desde el punto de vista financiero, han mostrado sin embargo escasa flexibilidad para adaptarse a los cambios. Las operaciones...

ESTADOS UNIDOS / COVID-19

Ayudas mal planteadas

La pesca artesanal aporta seguridad alimentaria a los Estados Unidos, pero las ayudas para paliar la COVID-19 favorecen las operaciones industriales y son insostenibles

La autora de este artículo es Heidi Anne Rogers (heidi@namanet.org), coordinadora de comunicaciones de la Alianza Marina del Atlántico Noroeste (NAMA), EE.UU.

Si bien las grandes corporaciones y las principales empresas de pescado y marisco tal vez puedan capear el temporal desde el punto de vista financiero, han mostrado sin embargo escasa flexibilidad para adaptarse a los cambios. Las operaciones pesqueras de media y pequeña escala, en cambio, aunque lo han pasado y siguen pasándolo mal, han demostrado ser más capaces de modificar el modelo de negocio con rapidez, y empezaron a vender directamente al consumidor. De hecho, muchas ya habían empezando a practicar la venta directa al consumidor utilizando el modelo de Pesquerías Sostenidas por la Comunidad (PSC) y otros sistemas de comercialización directa. Sin embargo, con la pandemia, tuvieron que redoblar esfuerzos en este sentido a fin de contrarrestar la pérdida de los mercados de la restauración, a escala nacional e internacional. Huelga decir que toda la industria de la producción pesquera ha sufrido el golpe, pero son las pesquerías de media y pequeña escala las que más lo acusan.

Al mismo tiempo, la necesidad de alimentarse sigue tan alta como siempre, y la preocupación por la inseguridad alimentaria crece cada día. Desgraciadamente, como el 90% de los alimentos de la pesca consumidos en los Estados Unidos es importado, con tasas de exportación en torno al 60%, el sistema de producción de alimentos de la pesca del país lleva tiempo dificultando el acceso de los pescadores locales y regionales a los consumidores locales. Los pescadores y las empresas de escala local o regional han manifestado hace tiempo su deseo de contar con más mercados que pongan en contacto directo al productor con el consumidor, y por ello ha ganado terreno el modelo PSC. Por esta razón también, las redes creadas para apoyar la venta directa cobran tanta importancia. Ahora bien, los operadores locales y regionales de la pesca alegan que no basta, que se necesita un apoyo infraestructural de los gobiernos estatal y federal para que los mercados de contacto directo con el consumidor funcionen a escala general. Estando así las cosas, mientras avanzaba la pandemia, avanzaban también las dotes organizativas de los más afectados en la industria alimentaria. Las comunidades pesqueras y las empresas rápidamente contactaron con organizaciones como la Alianza Marina del Atlántico Noroeste (NAMA por sus siglas inglesas) para explicar que querían aportar su granito de arena en estos tiempos difíciles, firmes en su deseo de trabajar, servir y alimentar a las comunidades necesitadas.

Grupos en coalición

Para recoger el guante, en marzo se formó una coalición de asociaciones en defensa de la pesca y la agricultura, de lucha contra el hambre y de sindicatos de trabajadores del ramo. Se marcó dos objetivos. El primero consistía en sacar partido de la oportunidad brindada por el congreso estadounidense de aprobar incentivos económicos, manifestando que necesitaban ese apoyo y que deseaban ayudar a alimentar a la población. El segundo, que se reconozca su condición de trabajadores esenciales, como son. En una declaración colectiva dirigida al gobierno, la NAMA, la Coalición Nacional de Agricultura Familiar (NFFC en sus siglas en inglés), WhyHunger, Farm Aid, Alianza Alimentaria HEAL y el Instituto de Políticas y Comercio Agrícolas (IATP) reclamaron que el gobierno vele por un acceso equitativo al alimento y apoye a las personas, no las corporaciones, detrás de la producción, obtención y distribución de alimentos del mar y de la tierra.

Concretamente, la declaración recomendaba el Congreso de los EE.UU. tener en cuenta seis puntos clave en los próximos paquetes de estímulos:

• Prestar especial atención a los agricultores, rancheros, pescadores y silvicultores negros, que han sufrido desproporcionadamente el impacto de la crisis, por las desigualdades existentes en el sistema de producción alimentaria del país;
• Garantizar medios de vida equitativos y seguros;
• Reforzar sistemas de suministro de alimentos a escala local y regional que puedan dar de comer a sus comunidades;
• Promulgar reformas que estimulen la resiliencia;
• Proteger las operaciones de pequeña y mediana escala de las fusiones y adquisiciones por parte de multinacionales, y
• Velar por que todas las personas de los Estados Unidos tengan acceso digno a una alimentación sana y nutritiva.

Estas recomendaciones, procedentes de las comunidades de la pesca, la agricultura y la industria alimentaria, son bastante generales, pero específicas al mismo tiempo, ya que dejan patente ante el gobierno del país que un apoyo adecuado a los sistemas de producción locales y regionales constituye la solución adecuada a la actual crisis alimentaria y económica.

El 27 de marzo, mediante la Ley de Asistencia, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES), el Congreso respondió con la asignación de 300 millones de dólares al sector de producción pesquera. El Congreso encomendó al Secretario de Comercio y a la Administración Nacional para Asuntos Oceánicos y Atmosféricos (NOAA) la distribución de la asistencia financiera en forma de pagos directos o subvenciones, así como otras formas de inversiones en el sector pesquero y acuícola. Como era de prever, la respuesta del gobierno federal es insuficiente, ya que el paquete de incentivos, aunque representa un alivio económico, no satisface las recomendaciones de nuestra coalición. De manera que la coalición creció y preparó una carta dirigida a los secretarios de Comercio, del Tesoro y de Agricultura, así como al Congreso, reclamando un mayor apoyo federal para las comunidades pesqueras y acuícolas del país.

Adoptando un estilo innovador obligado por las medidas de distanciamiento social, la coalición presentó sus recomendaciones por medios virtuales, enviando un video directamente al secretario de comercio, Wilbur Ross. Un grupo heterogéneo de 238 organizaciones y particulares, en representación de 3 millones de ciudadanos de todo el país, incluidos 30.000 pescadores comerciales, asociaciones de comercio pesquero, empresas del ramo, asociaciones de la agricultura y la alimentación, organizaciones ecologistas, activistas de la justicia social y ciudadanos preocupados suscribió el mensaje, alegando que el sector pesquero, una locomotora económica sostenible que genera 1.100.000 puestos de trabajo, aporta 100.000 millones de dólares al producto interior bruto del país y suministra a la población norteamericana proteínas nutritivas, debe recibir toda la atención que se merece.

Concretamente, la carta reclamaba:

• Dar prioridad a los productores independientes y a millares de empresas de alimentos derivados de la pesca de pequeña y mediana escala, incluidos los transformadores, compradores, distribuidores y demás entidades de la zona litoral;
• Asignar un fondo adicional de emergencia de 1.500 millones de dólares, destinándose como mínimo la mitad del mismo a las operaciones de pequeña y media escala;
• Condonar o renegociar la deuda, y dar prioridad de acceso al Plan de Protección Salarial a los patrones de pesca y tripulaciones de pesqueros, especialmente a los jóvenes pescadores (sean o no titulares de permisos de pesca), extendiendo las prestaciones del Plan, según sea necesario, a las empresas que demuestren ser incapaces de pagar a sus trabajadores o proveedores a causa de las medidas de emergencia por la COVID-19;
• Apoyar a los pescadores jóvenes;
• Invertir en infraestructuras costeras;
• Acceder a las pruebas diagnósticas, los equipos de protección y la atención médica;
• Contar a los pescadores como admisibles a los fondos del Programa de Asistencia Alimentaria por el Coronavirus del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) permitiendo así un trato no discriminatorio del sector pesquero con relación al agrícola, y
• Reforzar las cadenas de suministro locales reclamando subvenciones para la obtención de primeras licencias de pesca y marisqueo por los jóvenes pescadores y para un programa de comercialización de pescado dentro de la NOAA que incluya publicidad y otras ayudas adicionales para los mercados que venden directamente al consumidor.

Valores del consumidor

Esta lista heterogénea y urgente de recomendaciones permitiría a las comunidades pesqueras adaptarse a la crisis provocada por la COVID-19 y al caos que ha sembrado en la cadena de suministros del pescado y el marisco.

Mientras esperan a que los gobiernos hagan lo que les toca, las pesquerías locales y regionales han estado ocupadas adaptándose a las nuevas circunstancias como buenamente pudieron. En casi todos los casos los pescadores buscaron y buscan aún formas de reducir el kilometraje que recorren sus productos, intentando vender lo más cerca posible y llegar directamente al consumidor. Para ello, antes de la pandemia, había que entablar relaciones directas con los restaurantes de la zona para suministrarles directamente el producto, así como iniciar PSC o Pesquerías Sostenidas por Restaurantes a fin de vender directamente a las comunidades locales o regionales. Claro está que el cierre de los restaurantes a consecuencia de la COVID-19 obligó a las empresas pesqueras de pequeña y mediana escala a cambiar rápidamente su modo de actuar.

Con la pandemia se ha intensificado la utilización del modelo PSC y han tomado impulso numerosas iniciativas de este tipo y de venta directa al consumidor. Las PSC se han convertido en su propia cadena de suministro, ocupándose de todo: la captura, la limpieza, el envasado y la venta directa del producto al consumidor, con entrega a domicilio incluida. Las PSC capturan y distribuyen la captura de una forma que refleja los valores sociales, económicos y medioambientales de un número creciente de consumidores. Es más, si encontrar PSC era tarea difícil en el pasado, ahora son todo facilidades. La Red Local de Capturas (RLC) es una “comunidad de acción formada por pescadores, organizadores, investigadores y consumidores de América del Norte, con el empeño de suministrar pescado y marisco saludables, de producción local, de bajo impacto y económicamente sostenible” mediante las PSC y otras estrategias de comercialización directa. La Red ha cobrado fuerza desde su creación en 2012 con la meta de generar PSC y otras empresas éticas.

Este año, la RLC amplió las funciones de su buscador, una herramienta de fácil uso que ayuda a poner en contacto a los consumidores con los productores locales. Asimismo se está intentando establecer contratos de suministro con instituciones locales, como escuelas u hospitales, que podrían continuar incluso después de la pandemia si se da a las pesquerías locales y regionales el apoyo infraestructural que necesitan actualmente para mantenerse a flote. Las PSC llevan funcionando algún tiempo ya, pero la pandemia está mostrando que estos modelos manejados por pescadores regionales y locales resultan fundamentales para alimentar a la población hoy por hoy y marcan simultáneamente el camino a seguir para un futuro más sostenible. Sin embargo, para consolidar el cambio, es necesaria una “expansión inmediata de las infraestructuras costeras manejadas por las comunidades”, una reivindicación presentada por la coalición ante el Congreso norteamericano.

En vez de atender las recomendaciones de los pescadores, la Casa Blanca publicó un decreto contrariando las soluciones propuestas por la coalición. El 7 de mayo la administración Trump puso en marcha un plan para “aumentar la competitividad de la industria de alimentos del mar y proteger la cadena de suministros del pescado y el marisco” mediante la desregulación de la ordenación pesquera y la promoción de la acuicultura industrial, acelerando el trámite de concesión de permisos y otorgando las competencias exclusivas del control normativo a la NOAA. Con ello no solo se da preferencia a la producción acuícola industrial frente a las empresas regionales y locales, sino que también se eliminan los mecanismos correctores necesarios para una supervisión adecuada del sector.

El decreto presidencial abre las puertas a la producción de la acuicultura industrial, esgrimiendo la falacia de que el pescado de las piscifactorías es la respuesta a la necesidad creciente de alimentos. Mientras la administración y los defensores de la acuicultura dicen ser la respuesta adecuada, los líderes comunitarios y las organizaciones comunitarias de la coalición repiten la verdad de que la falta de acceso a los alimentos nunca se ha debido a falta de alimentos, sino a un problema de distribución. Es cierto que aun antes de la pandemia 37 millones de personas, incluidos 11 millones de niños., tenían problemas para costearse los alimentos, mientras que cuatro de cada cinco trabajadores estadounidenses viven al día.

Comparados con otros trabajadores, los del sector alimentario tienen el doble de probabilidades de depender de los cupones de alimentos, porque reciben salarios ínfimos. Con los argumentos de consolidar la seguridad alimentaria del país y proteger los empleos del sector, y la promesa de crear puestos de trabajo en el país, parece sencillo respaldar los esfuerzos de la administración. Sin embargo, esta retórica no hace sino ocultar la razón fundamental detrás de la solución propuesta por el gobierno federal a la actual crisis económica y social.

La NAMA alega que el decreto presidencial no brinda una solución sustantiva y constituye, en realidad, “un paquete peligroso de medidas que desregulan el sector pesquero, aceleran el desarrollo de la piscicultura industrial offshore y promueven las exportaciones”. Al expedir licencias nacionales para la acuicultura oceánica en un plazo de 90 días, el plan del gobierno pretende acelerar las evaluaciones de impacto ambiental, sanitario y económico sobre las comunidades pesqueras y silenciar estas preocupaciones. Tal y como se plantea, el plan de la administración contradice una evidencia para numerosos ecologistas y encargados de salud pública: mantener animales en cautividad en grandes concentraciones supone un grave peligro para los ecosistemas marinos y aumenta la probabilidad de brotes de enfermedades y virus como el COVID-19. Las jaulas flotantes que se utilizan para criar peces de aleta no solo esparcen contaminación por la gran cantidad de excrementos de pez que cae al agua, sino que además los peces que se escapan de ellas alteran la forma física y los índices de reproducción de las poblaciones silvestres. Es más, la adquisición de los piensos de harina de pescado usados para alimentar los peces de las jaulas trastorna los ecosistemas silvestres, ya que rompen los eslabones de la cadena alimentaria.

Las normas establecidas para proteger las poblaciones de peces silvestres y los ecosistemas marinos se están desmantelando sistemáticamente, lo cual preocupa profundamente tanto a las asociaciones ecologistas como a los pescadores locales y regionales. De hecho, las barreras que se rompen son las que en principio deberían velar por la inocuidad, la salud pública y la protección del medioambiente y prestar apoyo al sector pesquero independiente. Efectivamente, en vez de proteger los sistemas nacionales de producción de alimentos marinos, como sostiene el gobierno, las medidas adoptadas consiguen justo lo contrario: ni protegen a la pesca ni construyen las infraestructuras pesqueras que las comunidades pesqueras necesitan ahora mismo. Por si fuera poco, las medidas aumentarán la dependencia de los EE.UU de los mercados internacionales a expensas de los nacionales.

Muchos pescadores y trabajadores de la pesca cuestionan las prioridades de la administración cuando intenta resolver la crisis económica y alimentaria del país. El decreto no hace sino empeorar las cosas, mientras que algunos, como la NAMA, alegan que ante los planes de la administración cabe preguntarse a quién benefician. Sin duda alguna, la respuesta es a la pesca y la acuicultura industrial y globalizada, en busca del lucro, interesada en sacudirse las ataduras sanitarias y medioambientales que protegen a los consumidores y los ecosistemas.

En el mundo de la pesca, la desregulación no es nada nuevo. Durante los últimos treinta años, el sistema de reparto de capturas ha desmantelado normas de regulación pesquera más sólidas, en beneficio de regímenes de cuotas individuales que favorecen a las corporaciones, privatizando los derechos de pesca y dando a las grandes empresas la capacidad de comprar el control de los recursos, en detrimento de los ecosistemas y de los pescadores independientes, que son los mejor situados para adaptarse a los cambios de los mercados y del entorno, al tiempo que alimentan a la población. Las empresas pesqueras locales y regionales saben que hay métodos mejores, que las piscifactorías no son la respuesta, ya que no hacen sino permitir que las grandes empresas se queden con todo y la privatización de los océanos. El gobierno estadounidense intenta seguir con la privatización de los océanos con el pretexto de responder a la crisis económica y alimentaria provocada por una pandemia mundial.

Solución sostenible

Como alternativa, los pescadores regionales y locales sostienen que la Casa Blanca debería buscar una solución que proteja simultáneamente los ecosistemas marinos, las comunidades pesqueras rurales y todo el sistema de producción de alimentos de la pesca mediante las siguientes medidas:

• Ordenación pesquera con base en las comunidades y los ecosistemas;
• Flotas diversificadas y acceso equitativo a los derechos de pesca;
• Limitación de las industrias extractivas como la minería o las prospecciones que ponen en peligro tanto la oferta de alimentos como los ecosistemas marinos:
• Procesos transparentes de toma de decisiones y liderazgo responsable, y
• Mayor acceso al pescado y el marisco regional y local en todas las comunidades.

Las recomendaciones se han formulado con el espíritu del “tú me ayudas, yo te ayudo”, una mentalidad que no solo da a las operaciones pesqueras regionales y locales la capacidad de ayudar a las comunidades que las necesitan en este momento, sino que además plantea que se les faciliten las infraestructuras gubernamentales necesarias para seguir alimentando a la ciudadanía en un futuro más lejano.

Para algunos, los métodos que se plantean hoy nunca se habrían tenido en cuenta antes de la pandemia, ejemplo de que la crisis ha obligado a mucha gente a innovar de formas que pueden resultar fructíferas mucho tiempo después de que termine. Para otros, el modelo actual simplemente abunda en prácticas ya establecidas. Pero sea como sea, las pesquerías regionales y locales se preguntan qué pasará cuando la COVID-19 sea cosa del pasado. ¿Se mantendrán las relaciones entabladas antes de la crisis? ¿Qué forma tendrán las nuevas cadenas de suministro? ¿Cómo consolidar el modelo de relación directa con el consumidor? En el aire flota la incertidumbre y los pescadores, piscicultores y mariscadores siguen trabajando sobre la marcha. Pero una cosa es segura: la población estadounidense consume hoy más pescado y marisco y estos productos en su mayor parte proceden de las PSC y de otras técnicas de venta directa. Van surgiendo nuevos estilos. Hay que volcarse para cuidar estas nuevas relaciones.

Actualmente, la principal manera en que los pescadores regionales y locales venden directamente su captura es a través de mercados locales. Por ejemplo, el mercado del atún del muelle de San Diego, California, que ha crecido hasta incluir a 10 familias de pescadores que venden capturas locales todos los sábados. Sin duda, para las comunidades pesqueras regionales y locales resulta necesario educar a la población sobre la diversidad de pescado y marisco que ofrecen. El mercado estadounidense está dominado en gran medida por el atún, el salmón, la tilapia, la trucha y el camarón, siendo las cuatro últimas especies suministradas principalmente por grandes piscifactorías. Pero los pescadores locales y regionales, como los de San Diego, utilizan el mercado del fin de semana para explicar a los consumidores de la zona las especies que se pescan allí mismo y que cambian según la estación.

A veces la cosa no se limita simplemente a vender la captura local, sino que participan también los capítulos locales de grandes organizaciones de base como Slow Food (con su campaña internacional Slow Fish), que traen cocineros para enseñar al consumidor local cómo despiezar el pescado y transformarlo en un alimento fresco y delicioso. También están presentes las PSC, miembros de la Red Local de Capturas y miembros de Slow Fish que imparten clases sobre la importancia de conservar los océanos y de cultivar entre los más jóvenes el gusto por una dieta variada de pescado y marisco.

Todo esto se debe, en parte, a que los pescadores locales y regionales de los EE.UU. han explicado que la solución a la crisis alimentaria pasa por la diversificación de las especies que llegan a la mesa del consumidor. Diversificar no solo mejora la dieta sino que también protege los océanos y aumenta la demanda de pescado local, estimulando así nuestra economía sin tener que importar pescado o sin exportarlo para convertirlo en harina en otros países. Estos ejemplos ilustran que el acceso a alimentos nutritivos puede incidir positivamente, no solo cambiando los procesos de distribución, sino también diversificando la demanda del consumidor. Aunque las dificultades abundan, la pandemia ofrece una oportunidad para cambiar el consumo, sobre todo estableciendo dietas sostenibles basadas en las capturas correspondientes a cada temporada.

Los pescadores regionales y locales siempre están buscando maneras de acortar la cadena de suministro y tienen ganas de darle la espalda a la epidemia. La tarea que tienen por delante consiste en velar por que las líneas de contacto directo con el consumidor entabladas en la epidemia se hagan permanentes. Para hacer esto realidad se necesita una presión política continúa más allá de la epidemia. En otras palabras, no basta con hacer ver que los pescadores, mariscadores, productores y trabajadores de la pesca son trabajadores esenciales en la coyuntura actual, sino que además hay que convencer a los gobiernos locales, estatales y federal para que los tengan en cuenta a largo plazo, con los valores que representan.

Levantar a las comunidades

En cierta medida, esto significa seguir presionando al Congreso para que se replantee la aprobación legislativa de la acuicultura industrial, perjudicial para las comunidades pesqueras regionales y locales. Aunque resulta patente que muchas dificultades sobrevenidas, especialmente la inseguridad alimentaria, podrían haberse mitigado de haber escuchado antes de la crisis la voz de los líderes, activistas y organizaciones comunitarias, conviene entender que la pandemia global no ha hecho sino exacerbar las desigualdades y problemas sistémicos existentes en los sistemas de producción alimentaria.

Hoy en día, con la economía estadounidense en apuros y las comunidades sufriendo la falta de acceso a alimentos saludables, parece que los gobiernos estatales y federal están dispuestos a cometer el mismo error de no prestar oído ni a las necesidades ni a las recomendaciones de los ciudadanos. Sin embargo, y a pesar de la mala gestión gubernamental, los pescadores, mariscadores y trabajadores de la pesca local y regional de todo el país siguen trabajando diligentemente y han dejado claro que pueden ser una solución a la creciente crisis alimentaria, si algún día reciben el apoyo infraestructural que necesitan.

Es verdad: estamos en medio de una crisis, que promete causar estragos de larga duración si no nos tomamos el tiempo y las ganas necesarias para escuchar con atención. Los pescadores regionales y locales tienen la solución: ahora nos toca a nosotros velar por que se escuchen sus advertencias, se respalden sus prácticas y se levanten sus comunidades.    

Trabajadores de la fábrica Sitka Salmon Shares, en Sitka, Alaska, filetean un ejemplar de hipogloso. Muchos pescadores y trabajadores de la pesca cuestionan las prioridades de la administración federal en su respuesta a la crisis económica y alimentaria del país.

Miembros de la Cooperativa de Pescadores de Chatham, que pasó a practicar la venta directa con la pandemia de COVID-19. De hecho, muchas cooperativas ya la practicaban antes, utilizando el modelo de Pesquerías Sostenidas por la Comunidad (PSC).

Las iniciativas comunitarias como la Cooperativa de Chatham llevan años ensayando modelos alternativos de producción que aportan más transparencia y contacto entre el pescador y su comunidad. Estos modelos son fundamentales.

…muchas iniciativas de pesca artesanal ya habían empezando a practicar la venta directa al consumidor utilizando el modelo de Pesquerías Sostenidas por la Comunidad (PSC) y otros sistemas de comercialización directa.

 Las PSC llevan funcionando algún tiempo ya, pero la pandemia está mostrando que estos modelos manejados por pescadores regionales y locales resultan fundamentales para alimentar a la población hoy por hoy…

Diversificar no solo mejora la dieta sino que también protege los océanos y aumenta la demanda de pescado local, estimulando así nuestra economía sin tener que importar pescado de fuera.

Más información

https://www.congress.gov/116/bills/hr748/BILLS-116hr748enr.pdf

Ley de Asistencia, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08920753.2020.1766937

La epidemia de COVID-19, la pesca artesanal y las comunidades pesqueras de bajura

https://www.sustainablefish.org/COVID-19

COVID-19: alianza de pesca sostenible

https://www.fisheries.noaa.gov/national/noaa-fisheries-coronavirus-covid-19-update

NOAA: pesca y coronavirus (COVID-19)