Análisis

Organizacion, Legislacion y Derechos de los Pescadores en Filipinas

Nenita Cura y Josa Ventura

El hecho que sus leyes y políticas pesqueras se preocupan principalmente por el uso de los recursos pesqueros y acuáticos y no primero de los derechos de tos trabajadores de la pesca nos dice algo sobre el gobierno filipino. Las disposiciones en el PD 704, el decreto sobre las pesquerías de 1975 que afectan directamente a los trabajadores de la pesca, son prohibitivas y otras políticas restringen el acceso a las zonas de pesca tradicionales.

Fundamentalmente hay seis razones por las cuales los trabajadores de la pesca perciben que PD 704 es contrarío a sus intereses.

Primero, PD 704 favorece el uso de recursos pesqueros para generar capitales y estimular inversiones en lugar de satisfacer necesidades básicas. Este es un cambio al Acta de la República No 3152 de 1963, diseñado para la autosuficiencia.

Sobre el presupuesto que los recursos pesqueros filipinos estaban prácticamente sin explotar, PD 704 intentó capitalizar los 17 642 kilómetros de costa y 212 millones de hectáreas de recursos marinos pesqueros.

Se pensaba que al jugar en el ámbito del comercio e inversiones mundiales, las Filipinas se “desarrollarían” al acumular inversiones, ganancias...

Análisis

Organizacion, Legislacion y Derechos de los Pescadores en Filipinas

Nenita Cura y Josa Ventura

El hecho que sus leyes y políticas pesqueras se preocupan principalmente por el uso de los recursos pesqueros y acuáticos y no primero de los derechos de tos trabajadores de la pesca nos dice algo sobre el gobierno filipino. Las disposiciones en el PD 704, el decreto sobre las pesquerías de 1975 que afectan directamente a los trabajadores de la pesca, son prohibitivas y otras políticas restringen el acceso a las zonas de pesca tradicionales.

Fundamentalmente hay seis razones por las cuales los trabajadores de la pesca perciben que PD 704 es contrarío a sus intereses.

Primero, PD 704 favorece el uso de recursos pesqueros para generar capitales y estimular inversiones en lugar de satisfacer necesidades básicas. Este es un cambio al Acta de la República No 3152 de 1963, diseñado para la autosuficiencia.

Sobre el presupuesto que los recursos pesqueros filipinos estaban prácticamente sin explotar, PD 704 intentó capitalizar los 17 642 kilómetros de costa y 212 millones de hectáreas de recursos marinos pesqueros.

Se pensaba que al jugar en el ámbito del comercio e inversiones mundiales, las Filipinas se “desarrollarían” al acumular inversiones, ganancias en dólares e industrias de propiedad extranjera. Los beneficios de elfo “chorrearían” a millones de filipinos viviendo a nivel de la subsistencia. Esta política discriminaba a los pescadores favoreciendo las grandes inversiones de capital en la industria pesquera, y competía con los primeros limitando el acceso a sus recursos.

Segundo, ese efecto de “chorreo” no se produjo. De hecho, PD 704 tuvo resultados desastrosos. El mercado mundial no se comportó como de esperaba y la política nueva también perturbó las relacones de producción tradicionales sin proveer mecanismos de estabilidad. Los únicos que se beneficiaron con la política de explotación masiva de los recursos pesqueros fueron los grandes inversionistas, funcionarios de gobierno corruptos y sus secuaces.

Aunque la producción total se incrementó en 500 000 toneladas en 1989 se debió más a la frecuencia y eficacia de las operaciones pesqueras comerciales con incentivos otorgados por PD 704 y no tanto a la abundancia de los recursos pesqueros.

Estos acontecimientos en el sector pesquero reflejan las consecuencias globales de las inversiones multi-nacionales en áreas de producción nacional y regional.

Tercero, la explotación comercial masiva derivó en la degradación del recurso ecológico. La evidencia de esto es el hecho de que 25 de las 45 áreas pesqueras tradicionales están sobre-explotadas y los 4,5 millones de hectáreas de manglares estimados en 1920 se redujeron a sólo 100 mil hectáreas. En consecuencia, las capturas disminuyeron y el ingreso mensual promedio fue estimado en sólo P1 973.00 -muy por debajo del nivel de la pobreza, fijado en P2 714.00 para una familia de seis personas.

La pura desesperación ha obligado a un número cada vez mayor de trabajadores de la pesca a pescar con dinamita y sustancias tóxicas. Aún el peligroso muro-ami ha sido una alternativa viable para miles las comunidades costeras.

Cuarto, PD 704 centralizó la gestión de la pesquería en la Oficina de Pesquerías y Recursos Acuáticos (BFAR), con sede en Manila, desalentando la participación de los trabajadores de la pesca en el manejo de los recursos. La jurisdicción del gobierno local sobre aguas municipales pasó a ser nominal, ya que leyes locales y el otorgamiento de las concesiones pesqueras tenían que ser aprobadas por la BFAR. Eso frustró muchas iniciativas locales para resolver inmediatamente problemas en sus lugares específicos.

Quinto, el castigo a las violaciones y ofensas mencionadas por PD 704 no podía ser estrictamente cumplido. La percepción de que las violaciones no cobraban victimas, ya que se trataba de un crimen contra el Estado, y la ignorancia general de la policía y otros funcionarios hicieron que la implementación estricta de PD 704 fuera imposible, con los trabajadores de la pesca sufriendo tas consecuencias.

La capacidad de comprometer violaciones de PD 704 o de aceptar arreglos de operadores comerciales por la BFAR y el Departamento de Agricultura deniega a los trabajadores de la pesca la protección equitativa de la ley.

Sexto, proyectos pesqueros, patrocinados e impuestos por el gobierno, se inician sin tomar en cuenta la cultura y las necesidades de las comunidades. El gobierno también involucró a los trabajadores de la pesca en hacer cumplir la ley, al autorizarlos como guardianes de la pesca. Pero cuando trataban de implementar la ley, fueron molestados y amenazados por los explotadores comerciales e implicados en controversias legales, sin la más mínima asistencia legal por parte de la BFAR, que los había autorizado en primera instancia.

Un proceso en desarrollo

En éste contexto, la formación de organizaciones, alianzas y movimientos de los trabajadores de la pesca avanzó progresiva pero constantemente. Los pescadores, antes dóciles y acostumbrados a la abundancia y bondad del mar, empezaron a luchar por sus derechos al recurso en las municipalidades, calles, oficinas gubernamentales, en Malacañang y el Congreso.

La formación de estas organizaciones en un momento especifico de la historia de las Filipinas refleja la coyuntura actual en el país. La lista de organizaciones de pescadores que se han creado desde la Ley Marcial hasta la fecha es impresionante. De este lista, los siguientes son organizaciones/movi-mientos regionales y nacionales, por orden de fecha de establecimiento: Batillos (puerto pes-quero) de Navotas, 1973; Kammmpi, 1977; Cala-riz, 1980; Bigkis-Lakas, 1986; Hummabi, 1987; Pamalakaya, 1987; Visfac, 1989 y Nacfar, 1990.

Aunque sus estrategias de organización y métodos varían, según su orientación, están unidos en su visión de un ambiente pesquero libre, limpio, justo y humano.

Cabe hacer notar que el carácter y fervor de la lucha de los pescadores surgieron de una preocupación practica por un ingreso digno y condiciones de trabajo justas; la eliminación de actividades pesqueras ilegales y su autorización como guardianes de la pesca; su derecho a organizarse y a participar en asuntos que los afectan, y el acceso a los medios y frutos de la producción pesquera. Su preocupación es más global y ecológica; quieren proteger, desarrollar y controlar los recursos pesqueros. Este aspecto ecológico en la lucha de los pescadores para su liberación y la de sus recursos marinos le ha dado una dimensión espiritual nueva y. por lo tanto, elevó su lucha a una visión más integral y global de la relación del hombre con su creador, el Estado, el ser humano y la naturaleza. Quizás es esa espiritualidad la que eventualmente les unirá a nivel global.

Este crecimiento fenomenal de una conciencia social entre tos trabajadores de la pesca también puede verse desde la perspectiva de la politización hoy en día a todo nivel en las Filipinas, especialmente en la base de la pirámide socio-económico y política y entre los preocupados por el desarrollo (la Iglesia, escuelas, grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones financieras). El conjunto de sus esfuerzos y los de tos sectores marginados explica la creciente conciencia social y las acciones masivas en favor de un desarrollo alternativo.

La alternativa

La nueva democracia traída por la revolución EDSA junto con la llegada al poder del gobierno de Aquino alimentaron las esperanzas de los trabajadores de la pesca. La Constitución de 1987 incluye disposiciones para el usufructo exclusivo por parte de los ciudadanos filipinos de los recursos pesqueros (Artículo XII, sea 2, par.2) y para la protección de los derechos de los trabajadores de la pesca a la subsistencia a través del acceso a las áreas comunales de la pesca (Art. XII, sec. 7). La meta de satisfacer primero las necesidades básicas encamó la promesa y el mandato del nuevo gobierno.

El código de pesca consolida la determinación de los pescadores de tomar el asunto de su subsistencia—su vida y muerte—en sus propias manos al pedir que el gobierno delegue el manejo de las pesquerías en ellos. Su razonamiento parece impecable: la administración centralizada en Manila en la Oficina de Pesquería y Recursos Acuáticos no ha atendido la mayoría de las preocupaciones locales respecto a la aplicación de la ley y la asignación de los recursos. La única cosa que hizo fue facilitar la explotación comer-cial de las pesquerías, lo cual fue bueno para unos pocos empresarios y capitalistas, y malo para el medio ambiente y todavía peor para los pescadores que viven a nivel de la subsistencia.

Los pescadores ahora quieren que el gobierno implemente las políticas que la ley fundamental ya detalló: planificar e implementar el uso sostenible de los recursos pesqueros, para antes que nada satisfacer las necesidades básicas y construir una industria pesquera auténticamente filipina.

Central a esta propuesta es la habilitación de los trabajadores de la pesca a través de consejos de administración de recursos escasos, para que se implementen las leyes pesqueras y que sus áreas de pesca queden libres de las incursiones destructivas de la pesca comercial. Dejarían la administración de una pesquería a nivel inter-isla y nacional, más distante y más exigente con respecto al capital y la tecnología, a quienes tienen los medios suficientes para ello y al gobierno. Para supervisar todas las pesquerías, sugieren la creación de un Consejo de Administración Nacional de Recursos Pesqueros, compuesto por representantes de distintos niveles de consejos de manejo de los recursos, quienes garantizarían que los problemas específicos en pesquerías fueran formulados y atendidos.

Perspectivas de cambio

Esta nueva propuesta ya fue presentada en el Congreso durante el segundo semestre de 1988 como legislación (proyectos de ley 9580 y 21120 en la Cámara de Diputados y proyectos de ley 648 y 711 en el Senado). Durante un tiempo, los pescadores ya convertidos en cabilderos se llenaban con la gloria recién conseguida de hablar en sesiones legislativas y de intercambiar ideas y aún tallas e insultos con legisladores y funcionarios del Ejecutivo.

Sus proyectos de ley fueron, después de todo, más comprensivos en su alcance y más grandes en la cantidad de disposiciones que tenían que cualquiera de los decretos de Marcos, y fueron mejor pensados que la mayoría de los proyectos de ley que los hombres y mujeres del Congreso elaboraron. De hecho, sólo SB 804, la contrapropuesta de! Senador Agapito Aquino sobre un código pesquero, se acercaba a la calidad de la idea de los trabajadores de la pesca sobre la demarcación de las áreas pesqueras y de los usuarios, basada en las metas mutuamente complementarias de la justicia social y de la protección del medio ambiente.

Al contrario de otros proyectos de ley que propusieron una burocracia más grande y una presencia más “formal” del gobierno en el manejo de las pesquerías, el código pesquero de los trabajadores de la pesca buscó descentralizar el poder al entregárselo a los consejos comunales. Por lo menos estos consejos propuestos no tendrían como excusa para su ineficacia que se encuentran lejos del recurso. Pareciera poco cuestionable que los que dependieran de las pesquerías para su vida misma cuidarían mejor que nadie estos recursos. Porque si lo arruisnaran, pondrían en peligro sus propias vidas y su futuro. La creciente resistencia oficial al proyecto de ley de los pescadores fue difícil de percibir en el comienzo, debido a la novedad de su proyecto de ley y por la camaradería de los pescadores con los poderosos. Sin embargo, para el observador objetivo, esa resistencia debería haber sido obvia desde el comienzo, por las mismas preguntas y clarificaciones exigidas por los asistentes de los legisladores quienes eventualmente patrocinaron y apoyaron los proyectos de ley de los pescadores en el Congreso.

A los políticos con ambiciones nacionales, les gusta una visión amplia, pero que la amplitud de la visión significa también profundidad de perspectiva es otro asunto. Era -y es- fácil subrayar los defectos obvios del código pesquero: su propuesta para el uso a pequeña escala de áreas costeras -las áreas de pesca más productivas-va en contra de los requisitos de la producción para las exportaciones de las Filipinas. Su propuesta para la creación de consejos de manejo del recurso a nivel local y regional significaba acabar con la “experiencia”, “conocimientos técnicos” y mano de obra de la Oficina de Pesquerías y Recursos Acuáticos. Atrás de la crítica de que no todos los pescadores en las diversas pesquerías están, organizados para manejar los recursos pesqueros está la acusación de que un pescador común y corriente, no educado e ignorante, no podría debidamente manejar los recursos que son tan complicados que los burócratas necesitan años de escolarización formal para comprenderlos.

Entonces, después de cuatro años de deliberación, el Senado y la Cámara de Diputados produjeron su propia versión del código pesquero. Un compromiso en ambas Cámaras, dejando para una acción legislativa futura la pregunta sobre la estructura de la administración pesquera, allanó el camino.

El silencio de ambas versiones del código pesquero de las dos Cámaras del Congreso respecto a la estructura administrativa del manejo de la pesquería no fue suficiente para unir a los legisladores al nivel del comité de la conferencia bicameral para que sacaran un código pesquero armonizado. Hasta la fecha de este articulo, las objeciones a las versiones aprobadas del código, especialmente por parte de los legisladores, aparecieron en la conferencia bicameral y frustraron los esfuerzos para sacar por lo menos la parte del código sobre las políticas antes de que el Congreso finalmente cerrara su período ordinario de sesiones.

Una pequeña posibilidad queda de que durante los días restantes de la sesión del Congreso el código puede todavía llegar a ser ley. Esta posibilidad nace del hecho de que la presidenta pueda llamar al Congreso a sesiones especiales y que las reuniones de los comités de la conferencia bicameral puedan hacerse aún si el Congreso no está en sesión. Sin embargo, la agitación electoral que afecta a la presidenta y a los legisladores, todos los cuales tienen intereses personales significativos en los resultados, pueden finalmente poner el último clavo en el ataúd de cualquier perspectiva de una reforma legal de largo plazo.

Para los trabajadores de la pesca, estos acontecimientos no fueron totalmente inesperados. Han esperado tanto tiempo que unos pocos años más de lucha sin éxito en el ámbito legislativo no romperá su voluntad para lograr cambios en sus vidas y su desarrollo.

Los trabajadores de la pesca se dan cuenta de que la lucha para el cambio puede hacerse en distintos medios—inclusive en sus propias localidades. Esta conciencia y su confianza en la fuerza de sus crecientes organizaciones y en la justicia de su causa los sustentarán. Leyes, des-pués de todo, son tan buenas como su implementación. Si los trabajadores de la pesca toman la iniciativa y transforman los problemas que afectan sus medios de subsistencia, la ley quedarla simplemente como espectadora sin posibilidades de bloquear los cambios largamente justificados por condiciones sociales intolerables e injustas en el ámbito de la pesca.

En sus propias localidades, en particular en la mayoría de las doce bahías y golfos mayores declarados por el gobierno de estar sobre-explotados, las peticiones persistentes de los trabajadores de la pesca han convencido al Departamento de Agricultura y a la BFAR de emitir órdenes administrativas para cerrar estas bahías y golfos a la pesca comercial destructiva y excesivamente explotadora.

Una visita a las comunidades de pescadores en Lamon Bay en la provincia de Quezón, organizadas en la red de Bigkis- Lakas, da la esperanza de que no todo está perdido para la subsistencia de los pescadores y los trabajadores de la pesca. La rehabilitación de una pesquería sobre-explotada y su vuelta a su condición productiva previa comprueban que son posibles grandes resultados si solo el gobierno escuchara al pueblo y aplicara sus recomendaciones para la protección, conservación y desarrollo de recursos locales, y recogiera su fuerza y voluntad colectiva para implementar estas recomendaciones.