Una experiencia sobre el manejo mediante el Derechos de Uso Territorial (TURFs) en Argentina - la pesquería artesanal de pulpo del El Riacho, Patagonia.

Constanza Santa Ana, CENPAT.

La provincia de Chubut está dividida en cuatro zonas pesqueras. La zona que está ubicada más al norte, que comprende la ciudad de Puerto Madryn, que está ubicada sobre el golfo Nuevo, después el Golfo San José y el Golfo San Matías.

En el golfo San José es donde se realizan la mayoría de las actividades de Pesca Artesanal. Algunas actividades de estas son la Pesca Artesanal de marisquería por buceo, se realiza a través de embarcaciones, los buzos se sumergen y recolectan manualmente mariscos como las vieiras o los mejillones.

Otra actividad es la red de costa y la otra la recolección de costa, cuyo principal recurso es el mejillón.

La Pesca Artesanal en esta zona tiene una antigüedad aproximada de 30 años, e involucra a unas 200 personas aproximadamente.

Las instituciones que están relacionadas con la pesca en esta zona son: la Asociación de Pescadores Artesanales, que fue creada en 1993; la Secretaría de Pesca, que cuenta con un plantel estable de técnicos y autoridades y directivos que se renuevan con los cambios de gobierno, y el Cenpat (Centro Nacional Patagónico), que nuclea a investigadores -algunos de ellos trabajan en temas relacionados con el manejo de pesquerías artesanales-.

El sistema de manejo de la Pesca Artesanal en esta zona está regulado a partir de permisos de pesca. Hasta el 2001 era de acceso abierto. En el 2001, empiezan a hacerse evidentes algunos problemas con los recursos pesqueros, sobre todo a raíz del colapso del principal recurso pesquero que es la vieira.

Se decide crear una Comisión Técnica que asesore a la Secretaría de Pesca en el manejo de recursos pesqueros, formada por tres partes: representantes de la Asociación de Pescadores Artesanales, investigadores del Cenpat y personal técnico de la administración pesquera. O sea que se intenta empezar a trabajar en un marco de co-manejo para tomar decisiones en cuanto a la Pesca Artesanal.

El caso sobre el cual yo les voy a hablar es la recolección de costas. El principal lugar donde se realiza esta actividad es en el sudoeste del golfo San José, localidad de El Riacho. Está perfectamente delimitada geográficamente por dos puntas, punta mejillón y Juan de la Piedra; ahí existe un importante intermareal, o sea que cuando bajan las mareas quedan al descubierto aproximadamente 2 km de arena. Allí, en la zona más baja del intermareal, dos veces al mes, se descubren recursos naturales como son los bancos de mejillón y el pulpito, que son los recursos objeto de la pesquería que realiza la gente que está sentada sobre la costa del Riacho.

A fines de la década del 80, principios del 90 se conformó un asentamiento más estable de gente que se dedica a la recolección costera de mejillón y de pulpo. Son un grupo de aproximadamente 20 pescadores, algunos de ellos viven todo el tiempo ahí, otros van a la zona cuando las mareas son propicias para pescar, no tienen una tradición organizativa de trabajo; algunos de ellos pertenecían a la Asociación de Pescadores Artesanales, otros no.

El principal recurso es el mejillón, hasta el año 2001 había múltiples usuarios de este recurso, no solamente los pescadores que vivían exclusivamente los que lo utilizaban, sino que muchos turistas iban ocasionalmente a pescar mejillón y pescadores ilegales -podríamos decir- que ocasionalmente se volcaban a la actividad. Todo esto fue llevando a un estado de sobreexplotación de los bancos de mejillón, que son muy frágiles, estamos hablando de solo 9 hectáreas de bancos.

Básicamente los problemas que se denotaron en el sistema era la falta de control de la explotación y la falta de medidas regulatorias. No había límites de extracción, de personas ni de cupos. Era muy difícil controlar a la gente que iba a pescar mejillón.

Entonces los recolectores que viven básicamente de la actividad, a través de la Asociación de Pescadores Artesanales hicieron saber a la Secretaría de Pesca los problemas que estaban teniendo. Y elevaron una serie de notas en el año 2001. Una de ellas era muy clara, pedía que se implemente un sistema que no permita el ingreso de nuevos pescadores, que este sistema sea específicamente para los bancos de El Riacho y que sean los residentes y recolectores históricos los beneficiados con la medida a implementar. Fueron muy claros pidiendo la exclusividad del uso de los bancos de mariscos que estaban explotando.

Este tema, la Secretaría de Pesca lo puso en discusión en la Comisión Técnica que se había conformado ese mismo año. Los derechos de uso aparecieron como una solución adecuada, dado lo antiguo de la pesquería de que estábamos hablando. Se propuso otorgar derechos de uso a los recolectores, sobre los recursos que usan, en la zona de pesca tradicional, como alternativa del sistema al acceso abierto con el que se manejaba la pesquería. Esa cercanía era muy importante porque la comunidad se transformaría en custodio de ese recurso y porque el control efectivo se hacía muy difícil para el gobierno.

La idea era que una vez que ellos tengan algún tipo de exclusividad de uso, empiecen a sentirlo propio al recurso, a protegerlo y a decidir como explotarlo y obviamente a participar del manejo. La Comisión Técnica hizo una serie de recomendaciones a las autoridades de aplicación, para empezar a implementar los derechos de uso. Las principales eran reconocer formalmente a la comunidad de recolectores de costa. Durante la primera etapa de la implementación retener el sistema de permisos individuales, en un horizonte de tiempo, que aliente a la conservación, no pasar directamente a un sistema de derechos comunales, sino hacerlo de manera gradual. En vez de tener permisos por un año, que sean por un horizonte de tiempo que los aliente para conservar sus recursos. Y coordinar un sistema de fiscalización entre los miembros de la comunidad y el personal de puesto de control, como para que se empiece a hacer algo más participativo. En enero de 2002, tanto pescadores, investigadores, administradores iniciaron el proceso de implementación. La parte que le tocó al grupo de investigación fue desarrollar métodos para evaluar el recurso mejillón, aplicables después por la propia comunidad y por la Secretaría de Pesca. Otra tarea era censar quiénes eran esos otros usuarios del recurso y diagnosticar la actividad.

Al mismo tiempo, la comunidad empezó a reunirse, para primero decidir quiénes deberían pertenecer a este sistema.

Lo primero que se hizo luego de las recomendaciones de otorgar derechos de uso, fue un listado con el nombre de los integrantes de esta comunidad. Se empezaron a designar ellos mismos como una comunidad de pescadores artesanales. Y este listado lo elevaron a la autoridad de pesca, con una nota en la que decían quienes eran los pescadores que, según su criterio, deberían tener permiso para recolectar mariscos en la zona de El Riacho. El criterio que ellos utilizaron fue historia en la actividad, trayectoria y regularidad en el trabajo. Así es como se conformó una lista de 21 personas.

El hecho de generar un listado de personas hizo que empezaran a discutir sobre reglas de uso y sobre cómo deberían trabajar. Quién debe pescar, quién no, qué pasa cuando una persona se sale del sistema, cómo entran los hijos y generaron un reglamento interno. Este reglamento interno se lo presentaron a la Secretaría de Pesca en septiembre de ese mismo año. Al mismo tiempo la Secretaría de Pesca reconoció formalmente a ese listado de pescadores. Las reuniones que siguieron durante el año 2002 tocaron temas de desarrollo comunitario. Esta comunidad es un asentamiento muy marginal. No tienen agua, no hay luz, no hay servicios básicos, entonces empezaron a tratar problemas básicos.

A principios de 2003, a partir de los resultados de los relevamientos se discutieron los cupos y las zonas de pesca, o sea, se empezó a discutir entre todos, el personal técnico de la administración pesquera, los pescadores y nosotros, los cupos de pesca para seguir trabajando, para ese año.

La Secretaría de Pesca, lo que siguió haciendo hasta ese momento, fue emitir disposiciones, de apertura de temporada de pesca, de cierres y los cupos de pesca que se iban a dar.

Se presentó un reglamento interno, la comunidad esperó que se reconozca ese reglamento para poder trabajar y básicamente cooperar con la fiscalización. Y la Secretaría de Pesca no emitió respuesta en ese punto. Extendió el período del área de evaluación, decidiendo seguir con este manejo de simplemente limitar el número de permisos para poder operar en esa área.

A mediados de 2003 y hasta fines, se siguió discutiendo sobre el reglamento interno, se lo modificó para que la Secretaría de Pesca lo pueda aceptar y lo pueda implementar y se discuten cuestiones más profundas en cuanto a reglamentaciones, como altas y bajas de permisos, y qué pasaba cuando uno entraba o salía del sistema.

En el 2004 se empezó a notar que la gente participaba cada vez menos de las reuniones, empezó a notarse la falta de incentivos para trabajar en conjunto.

Se decidieron los cupos de pesca en la reunión. En el 2004 fue el primer año que hicimos el relevamiento todos juntos, hubo una buena interacción y se discutió cuánto habría que pescar. Pero de vuelta no había forma de controlar y de fiscalizar que se extraigan esos cupos de pesca. Los mismos pescadores estaban interesados en que eso se realice.

A fines de 2004, volvieron a insistir en generar alternativas para que la Secretaría de Pesca tomara alguna decisión con esto que se había iniciado, se generó una propuesta para el funcionamiento del área de evaluación, en colaboración con el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales. Se propuso un plan de fiscalizadores (" veedores "), lo que se buscaba no era suplantar el control que hace la administración pesquera, sino colaborar. La administración pesquera no tiene la capacidad de ir cada vez que hay una marea, a ver qué se pesca, a querer controlar.

Y se modificaron las reglas internas para ver si con estas modificaciones se podía generar alguna respuesta.

La situación actual es la siguiente: Los recolectores de costa están reconocidos y el acceso a los bancos, por ahora está limitado. Los permisos siguen siendo anuales, lo que sigue sin alentar la conservación del recurso. O sea, más allá de que esté limitado la gente que está hoy pescando y nosotros, los técnicos de investigación pesquera, no sabemos lo que va a pasar el año que viene con este tema, lo que lleva a una gran incertidumbre en cuanto a las decisiones que las autoridades van a tomar en cuanto al futuro del área.

No se solucionaron los problemas básicos que había de control y fiscalización. Y se generó una propuesta para colaborar con la fiscalización y reglamentar el funcionamiento del área de evaluación, que sigue sin respuesta a la fecha.

Entonces, básicamente lo que hay es una falta de resolución de la autoridad de aplicación ante las propuestas de manejo elaboradas en la comunidad de pescadores. Esto generó una disminución importante en la frecuencia de las reuniones internas de la comunidad, lo que les señalaba antes, lo que había empezado a ser alentador en un principio, porque para que cualquiera de esos sistemas de manejo necesita una comunidad de pescadores organizados, que discutan, que participen. Empezó a haber menos cohesión de grupo.

La situación actual de la provincia en cuanto a la Pesca Artesanal, el marco legislativo es muy burocrático y es inadecuado para el manejo de los recursos. Por ejemplo, tiene la imposibilidad de aplicar sanciones. Más allá de que discutamos el tema de los derechos de uso, ellos no pueden sancionar a un pescador, según la ley que tienen actualmente, tardan muchísimo tiempo en sancionarlo.

Repito, el marco legislativo provincial es burocrático e inadecuado para el manejo de los recursos. Entonces esto genera, por ejemplo la imposibilidad de aplicar sanciones en tiempos reales, en los tiempos que se necesitan para que el sistema funcione. Los técnicos de la administración pesquera no tienen autoridad para tomar decisiones, son los únicos que están participando directamente de todo este proceso, pero no tienen autoridad para tomar decisiones, cuando elevan las recomendaciones que se hacen en la mesa técnica a la autoridad de aplicación, no pueden pasar más allá de eso.

La atribución de la toma de decisiones está en manos de los directivos políticos. Estos directivos políticos son renovados en cada ciclo electoral, con lo que hay falta de continuidad en los procesos institucionales.

El tema es que llega un gobernador nuevo, de un partido político diferente, no le gusta lo que hizo el partido político anterior y dice: " borramos todo, empezamos de vuelta ".

Generalmente, los directivos políticos tienen poca experiencia en manejo de pesquerías artesanales. Muchas veces son abogados o están relacionados con otro tipo de actividad o específicamente no tienen experiencia en manejo de pesquerías. Y a pesar de que existe una Comisión Técnica, que en esa comisión participan activamente investigadores, pescadores, técnicos de la administración, las recomendaciones no son siempre implementadas por los administradores.

Algunas de las conclusiones que podemos sacar de esto, más allá de todo lo que acabamos de discutir en cuanto al marco administrativo de Argentina, es que:

Por un lado se necesita la formación de científicos y técnicos capacitados para manejo de recursos naturales, pero que puedan actuar como catalizadores dentro de estos procesos de organización y como un nexo entre el mundo académico, el administrativo y el de la pesca. A esto me refiero específicamente porque estamos ante situaciones en las que estamos trabajando con pescadores; los biólogos son biólogos, los administradores son administradores y de repente, en mi experiencia personal, me encontré participando de reuniones y haciendo de nexo de un montón de cosas sin tener idea de cuestiones sociales. Quizás gestionar grupos más interdisciplinarios de trabajo para el manejo de las pesquerías artesanales. Que las universidades están formando gente que trabajan con recursos naturales, con cuestiones más aplicadas, contemplan quizás, que uno puedan optar aprender un poco sobre esas cosas, sobre manejo de grupo, facilitación etc.

Y por otro lado creo que sería muy importante fortalecer el sistema de co-manejo, en el caso que presento y quizás deberían generarse más de estas comisiones asesoras en otros lugares del país.

Y generar un marco legislativo que contemple alternativas de manejo como son los derechos de uso territorial, privilegios de uso, formas alternativas de manejo, que impliquen la descentralización del poder de administración y que la toma de decisiones pueda hacerse, quizás, a nivel más local.